De las pulseras a las chapuzas: los errores del Gobierno que han dejado a las mujeres desprotegidas

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva seis años de mandato abanderando la lucha contra la violencia de género. Desde el Ministerio de Igualdad liderado en su momento por Irene Montero hasta la actual cartera regida por la socialista Ana Redondo, el Ejecutivo ha cubierto titulares con sus numerosas medidas para erradicar la violencia contra la mujer.

La realidad es que a pesar de la cantidad de millones invertidos en esta materia, la cifra de mujeres víctimas de violencia de género apenas se reduce, muchas de las medidas de protección prometidas siguen cogiendo polvo en algún cajón del Ministerio de Igualdad y la controvertida Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', ha devuelto a la calle a 126 agresores.

La última metedura de pata del Ejecutivo central ha sido recientemente retratada por la Fiscalía General del Estado, quien ha revelado que un fallo en el sistema informático de las pulseras que utilizan los agresores para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género ha dejado un «vacío informativo» y ha supuesto «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían acceder a la información sobre sus movimientos.

Ley del 'solo sí es sí'

Esta no es la primera vez que el Gobierno pone en peligro la integridad de las mujeres por un fallo. El ejemplo más paradigmático ha sido la conocida como ley del 'solo sí es sí', norma orquestada por el Ministerio de Igualdad en manos de Irene Montero, que ya ha liberado a 126 agresores.

En agosto de 2022 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como la ley del 'solo sí es sí'. Este nuevo marco legislativo, diseñado con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual y de establecer que el consentimiento explícito sea un elemento central en los delitos sexuales, generó una gran controversia desde el principio.

Incluso antes de que la norma entrara en vigor, múltiples voces críticas, tanto en el ámbito jurídico como en el periodístico, comenzaron a alertar sobre posibles consecuencias de su implementación. Expertos en derecho penal señalaron que las modificaciones introducidas en los tipos penales, particularmente en lo relacionado con agresiones y abusos sexuales, podían dar lugar a reducciones significativas en las penas de algunos condenados e, incluso, a excarcelaciones.

Estas advertencias, inicialmente desoídas por el Ejecutivo de Sánchez, que defendió a capa y espada la norma, se centraban en que los cambios en la definición y graduación de las penas podrían interpretarse en favor de los acusados, un efecto contrario a los objetivos planteados por el Ministerio de Igualdad.

Tal y como auguraron los expertos, y en contra de lo que predicaba en su momento la exministra Montero, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a 1.233 las rebajas de pena y a 126 las excarcelaciones por la 'ley del sólo sí es sí'. Cabe destacar que uno de los presos beneficiados por esta norma ha sido Ángel Boza, miembro de La Manada, cuyo caso judicial desencadenó la redacción de esta ley.

Retraso del Pacto de Violencia de Género

El pasado 17 de febrero, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso aprobó el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. En concreto, obtuvo 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Según desveló recientemente a El Debate uno de los miembros convocados para participar en el escrito del Pacto sobre Violencia de Género, el Gobierno, y en concreto Adriana Lastra, socialista a quien se le encargó orquestar estas reuniones para construir el pacto, retrasó en dos ocasiones la evaluación del dictamen ya que «la habían nombrado delegada del Gobierno en Asturias y dejó el Pacto de Estado», explica esta fuente.

Asimismo, el dictamen «estuvo meses inactivo» porque Lastra se quedó embarazada y pidió la baja por maternidad, mientras que el Gobierno, en vez de sustituirla durante los meses de permiso, volvió a dejar olvidadas las reuniones sobre el Pacto de Estado. «Es un despropósito. Tú no puedes dejar de lado una medida como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque una persona esté de baja», señaló esta fuente.

Falsas promesas

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de diciembre de 2020, a propuesta de la Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la Ministerio de Igualdad, en aquel momento liderados por la socialista Carolina Darias e Irene Montero, respectivamente, adoptó el Acuerdo por el que se aprobaba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

Este pacto aseguraba la «elaboración de planes de igualdad encaminados a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a combatir decididamente todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo».

En concreto, el ministerio regido actualmente por Óscar López se comprometió a llevar a cabo la elaboración y difusión de unas directrices de actuación ante una situación de violencia contra empleadas públicas, con el objetivo de «atender, asesorar y acompañar a las empleadas públicas víctimas de violencia contra la mujer».

Mientras que Sánchez se comprometió a implantar esta iniciativa en el trascurso de un año, la realidad, según denunció CSIF, es que «el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia», por lo que acusan al Ejecutivo de Sánchez de «incumplir» uno de los compromisos más importantes en materia de violencia de género y que fue anunciado en su momento a bombo y platillo.

Chapuzas de la ley trans

El 16 de febrero de 2023, el Congreso aprobó una nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, conocida como la 'ley trans'. Esta ley introduce un cambio significativo al reconocer el derecho a la autodeterminación de género, lo que permite a cualquier persona declarar su identidad de género como hombre o mujer sin necesidad de presentar pruebas médicas, psicológicas o legales que lo respalden. Esta normativa ha provocado que algunos hombres decidan cambiarse oficialmente de sexo para verse beneficiados por los privilegios de las mujeres en la ley de violencia de género.