La ministra de Igualdad, Ana Redondo junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza
La delegada contra la Violencia de Género comparecerá el jueves en el Congreso para tratar los fallos en pulseras
Pese a estas deficiencias iniciales, desde Igualdad se asegura que el sistema ha mejorado y que ofrece actualmente mayores garantías
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparecerá el próximo jueves 25 de septiembre en el Congreso de los Diputados para abordar los fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras telemáticas destinadas al control de maltratadores. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, que han detallado que la comparecencia tendrá lugar ante la Comisión para el Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tanto a petición del Partido Popular como por iniciativa propia.
La intervención de Martínez Perza se produce en un contexto de creciente presión política. Apenas un día antes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, responderá en la sesión de control al Gobierno a diversas preguntas formuladas por el Grupo Popular, centradas en la protección y dignidad de las mujeres desde la llegada del PSOE al Ejecutivo. Además, el PP ha anunciado que someterá a debate y votación en el pleno del Congreso una moción consecuencia de interpelación en la que se pedirá la reprobación de la ministra Redondo. Esta ofensiva política también se ha trasladado al Senado, donde los populares han promovido la celebración de una sesión monográfica sobre el asunto en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
La preocupación en torno a los dispositivos telemáticos de control de agresores se vio alimentada por el contenido de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente a 2024. En ella, se alertaba de la existencia de sentencias absolutorias motivadas por «fallos» tanto en el funcionamiento de las pulseras como en el servicio prestado por las empresas proveedoras. En este mismo sentido, la titular de Igualdad reconoció recientemente que durante el proceso de cambio de contrato con la empresa adjudicataria se registraron «algunas incidencias técnicas».
«Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente», explicó Redondo durante su intervención del miércoles pasado en el Congreso. La ministra insistió en que se trató de una situación ya solventada a finales del pasado año: «Y simplemente eso, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes».
La Fiscalía, por su parte, señaló en su Memoria que el centro de control Cometa –encargado del seguimiento de los dispositivos– informó de forma reiterada a los juzgados que no podía proporcionar datos previos al 20 de marzo de 2024, fecha en la que se culminó la migración a una nueva plataforma tecnológica. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», advirtió el Ministerio Público.
Pese a estas deficiencias iniciales, desde Igualdad se asegura que el sistema ha mejorado y que ofrece actualmente mayores garantías. Redondo subrayó que se han mantenido reuniones tanto con las trabajadoras implicadas como con las empresas proveedoras para solventar las deficiencias: «Hay que decirle a las mujeres que el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege».
En un comunicado posterior, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía matizó que las víctimas «siempre han estado protegidas» y que los problemas surgieron exclusivamente en un periodo concreto, como consecuencia de la migración de datos. Reconoció que «no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo», pero recalcó que «el dispositivo funcionaba correctamente».
El comunicado también destaca que la coordinación entre las fiscalías fue «absoluta», lo que permitió identificar la incidencia y notificarla de inmediato a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Asimismo, se especifica que la mayoría de los procedimientos afectados se resolvieron posteriormente y que los sobreseimientos fueron reabiertos una vez se recuperaron los datos. «La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia», concluye el documento.
A fecha de julio de 2025, España cuenta con más de 4.500 pulseras telemáticas activas, según datos actualizados de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Una cifra que da cuenta de la magnitud del sistema y de la importancia de su correcto funcionamiento para garantizar la seguridad de las víctimas. Queda por ver si la comparecencia de Martínez Perza logrará despejar todas las dudas políticas y técnicas que siguen rodeando este delicado asunto.
