El PP acusa a Mónica García de usar la Sanidad como «arma política» y abandona el Consejo Interterritorial

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se ha reunido este viernes en Zaragoza en medio de la polémica de los cribados de cáncer. Sin embargo, sesión no ha terminado como Mónica García esperaba. Cansados de los constantes señalamientos, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han abandonado la reunión para denunciar lo que califican de «uso partidista y sectario» por parte del Ministerio de Sanidad.

Según revelan en un comunicado ofrecido a los medios, la ministra Mónica García ha «roto el espíritu de consenso, lealtad y cooperación» que históricamente ha caracterizado este órgano de coordinación.

Así, los consejeros populares acusan a la anestesista de haber convertido el Consejo en «un instrumento de imposición y confrontación», donde las decisiones se adoptan de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y «vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento».

Al hilo, explican que el malestar se ha agravado por la «manipulación unilateral» de los acuerdos alcanzados en la Ponencia de Cribados el pasado abril. Pese a lo pactado en ese foro técnico, el Ministerio aún no habría facilitado a las autonomías las herramientas necesarias para la gestión de datos, «actuando de forma interesada y en contra del propio Sistema Nacional de Salud».

Los consejeros de las comunidades afectadas también denuncian el «uso político» de programas sensibles como el cribado de cáncer de mama, que califican de «ejemplo de éxito sanitario». Asimismo, aseguran que, lejos de reforzar su desarrollo, el departamento de García «se ha situado frente a las comunidades y frente a las mujeres», intentando sacar rédito partidista de un asunto que debería ser motivo de unidad.

Esta queja se extiende al funcionamiento del Consejo, donde acusan al equipo de Mónica García de filtrar acuerdos a la prensa antes de ser debatidos y de anunciar decisiones sin consenso. «Las comunidades se enteran por los teletipos antes de terminar las reuniones», lamentan.

Al hilo, reprochan al Ministerio su «incapacidad para abordar la falta de profesionales sanitarios» y la «intromisión constante en las competencias autonómicas», a lo que se suma la negativa del Gobierno a aprobar modificaciones presupuestarias esenciales para programas de salud pública. La comunicación de esa decisión, añaden, se habría realizado «a través de un simple mensaje de WhatsApp».

Ante esta situación, los consejeros populares han decidido retirarse del Consejo Interterritorial «en defensa de la salud de los ciudadanos y del respeto institucional». Además, exigen al Ministerio que restaure «los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor y contenido que merece como órgano fundamental de coordinación sanitaria».