Oleada de críticas al Gobierno por el último decreto sobre tabaco: «Ha provocado problemas diplomáticos con Bruselas»

El pasado 9 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley antitabaco, norma impulsada por el departamento que rige Mónica García y que añade nuevas prohibiciones a las ya existentes, como el veto a fumar en terrazas y la equiparación del tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos.

Asimismo, el 29 de octubre, el PSOE aprovechó la trasposición de una directiva europea sobre criptomonedas para incluir una enmienda con la que establecer un carácter más progresivo del impuesto a las bolsas de nicotina. De esta manera, según el texto propuesto por los socialistas en la Cámara Baja, se persigue que los 0,10 euros por gramo que tributan en la actualidad se distribuyan progresivamente hasta el 2030.

Esta enmienda ha provocado conflictos en el seno del Gobierno central, ya que mientras el PSOE pide flexibilidad en su tributación, el Ministerio de Sanidad de Mónica García lleva meses debatiendo sobre productos alternativos al tabaco y las bolsitas de nicotina son uno de los productos más criticados por la representante de Sumar en el Gobierno.

En concreto, Mónica García planteó fijar en 0,99 miligramos el máximo de nicotina permitido por bolsita. Una medida que ha mostrado las incoherencias del Gobierno de España con otros socios y vecinos europeos.

El último país en tomar el camino opuesto a España ha sido nuestro vecino Portugal. El país luso ha tomado la decisión de aprobar el uso de bolsitas de nicotina como alternativa para que los fumadores abandonen progresivamente el tabaco de combustión.

Portugal se suma a Grecia, un país que lucha contra el tabaquismo fomentando las alternativas al tabaco, justo a la inversa que España. Gracias a las bolsitas de nicotina, Grecia logró disminuir más de un 5 % el tabaquismo entre su población durante los últimos años.

El Ministerio de Sanidad, en lugar de fomentar una transición razonable del cigarrillo a las alternativas como las bolsitas de nicotina o los vapeadores, ha optado por la senda del prohibicionismo. A consecuencia de estas decisiones «España ha provocado una crisis diplomática con Bruselas», según fuentes a las que ha tenido acceso El Debate.

En concreto, a finales de septiembre, el gobierno sueco envió una carta oficial al Gobierno español acusándole de romper las reglas del mercado único con la propuesta fijar en 0,99 miligramos el máximo de nicotina permitido por bolsita. En la misiva, Suecia expresó su preocupación «porque la libre circulación se ve afectada cuando los Estados miembros imponen prohibiciones sobre la venta de determinados productos».

Durante el procedimiento europeo de notificación, conocido como TRIS, un total de seis países, Suecia, Rumanía, Italia, Grecia, República Checa y Croacia, enviaron objeciones formales a este Real Decreto. Estas objeciones internacionales se sumaron a la falta de legitimidad interna que recibió el Ministerio de Sanidad por parte de la CNMC. Este órgano independiente reclamó que el proyecto de Real Decreto carecía de evidencia científica para vetar los sabores de los vapeadores y fijar el límite en 0,99 mg por bolsita. Además, sugirió valorar si algunas restricciones requieren rango de ley por su impacto, en lugar del mecanismo utilizado por Sanidad vía Real Decreto.

Por su parte, la Comisión Europea advirtió al Gobierno de España que «seguirá de cerca la evolución de la medida y su aplicación en caso de que sea adoptada». Después de abandonar el procedimiento TRIS, el Real Decreto se encuentra bajo supervisión del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno español. Fuentes cercanas a esta institución aseguran que desde el Consejo de Estado preparan una observación al Real Decreto por no ser el instrumento normativo idóneo para legislar sobre esta materia.