La discapacidad en los países más pobres: un desafío prioritario en la agenda del desarrollo

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se recuerda la situación de precariedad, discriminación y vulneración de derechos que afronta la que suele describirse como la «minoría más amplia del mundo». La discapacidad continúa limitando el acceso a la educación, al empleo y a medios de vida dignos, y se vincula estrechamente con mayores tasas de pobreza.

El Banco Mundial estima que más de 1.300 millones de personas viven con una discapacidad significativa, y que más del 80 % se encuentra en países en desarrollo. En estos contextos, la falta de servicios básicos, de protección social y de oportunidades agrava su exclusión desde la infancia.

«La discapacidad condiciona profundamente la vida de estas personas. Sus derechos se vulneran con frecuencia y, en situaciones de pobreza extrema, pueden llegar a depender totalmente del apoyo familiar o comunitario», señala Ana Buelta, del Área de Proyectos de Manos Unidas.

A ello se suman factores como tradiciones, estigmas o desconocimiento, que refuerzan la marginación. En las regiones más empobrecidas, muchas personas con discapacidad recurren a la mendicidad o a trabajos precarios como única forma de subsistencia, quedando expuestas a explotación y abusos.

Con motivo de este día, se subraya la importancia de promover la inclusión y eliminar las barreras que impiden la participación plena en la sociedad. La educación inclusiva, la atención sanitaria adaptada y los programas de generación de ingresos siguen siendo pilares esenciales para avanzar hacia comunidades más justas.

«La integración de las personas con discapacidad es clave no solo para su dignidad y autonomía, sino para el desarrollo de toda la comunidad», añade Buelta.

Un ejemplo desde Zambia

En Solwezi, al noroeste de Zambia, el rápido crecimiento del sector minero no ha supuesto mejoras para gran parte de la población local, dedicada a la agricultura de subsistencia y con muy poco acceso a educación de calidad. En este entorno, las personas con discapacidad sufren una marginación aún más profunda.

Desde 2010, la Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón trabaja en la zona con niños con distintos tipos de discapacidad. Allí han construido una escuela que hoy acoge a 700 estudiantes.

El internado ofrece atención a alumnado con discapacidad auditiva, visual y a jóvenes con albinismo; otros niños y niñas de familias sin recursos acuden como estudiantes externos.

En 2020, las hermanas solicitaron apoyo para ampliar el centro educativo y mejorar su oferta formativa. Actualmente, St. Mary’s cuenta con 44 docentes financiados por el Estado, además de voluntarios y personal de apoyo contratado.

«Buscamos ofrecer una educación de calidad, atender sus necesidades básicas y acompañarlos en sus dificultades. Para muchos, la escuela es el único lugar donde se sienten plenamente acogidos», explica la hermana Rajamani Arulsamy, directora del centro.

La historia de Joyline Chimbimbi

La trayectoria de Joyline Chimbimbi, de 28 años, refleja el impacto que puede tener el acceso a la educación inclusiva. Sorda de nacimiento y sin acceso temprano a atención especializada, no pudo desarrollar el habla. Huérfana de madre desde los cuatro años, creció acompañada por las hermanas en la Unidad para Sordos del Sagrado Corazón, en Ikelenge.

En 2023 se graduó como profesora de secundaria, y desde 2024 enseña en St. Mary’s a estudiantes con necesidades especiales, impartiendo todas las asignaturas en lengua de signos. Destaca especialmente en matemáticas y mantiene una relación cercana con el alumnado.

Está a la espera de su contratación oficial por el Gobierno, lo que le permitiría recibir un salario adecuado y acceder a una pensión, ya que el centro no puede cubrir esas condiciones. Las hermanas siguen apoyándola en este proceso, como han hecho durante toda su vida. «La acompañamos para que pueda consolidar su futuro profesional y personal. Queremos que tenga una vida plena y estable», comenta la hermana Rajamani.