El TJUE desafía a los Estados: los obispos europeos alertan de una armonización del matrimonio por vía judicial

El pasado 25 de noviembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que ha reactivado un debate jurídico y político de alto voltaje en la Unión Europea: la obligación de reconocer, a efectos del Derecho de la Unión, las uniones entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en otro Estado miembro, incluso si el país de origen no contempla ese tipo de matrimonio en su legislación interna.

La sentencia se presenta como continuidad de la célebre decisión Coman de 2018, en la que el TJUE ya había afirmado que el concepto de «cónyuge» en el Derecho de la Unión Europea es neutro en cuanto al sexo y obliga a reconocer, al menos a efectos de residencia, al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano europeo que ejerce su derecho a la libre circulación. Sin embargo, el fallo de noviembre va un paso más allá: se trata sólo de reconocer y transcribir esa unión como matrimonio en el Registro Civil del Estado de origen, incluso cuando su ordenamiento prohíbe definir el matrimonio como unión entre personas del mismo sexo.

En este contexto, tras reunirse el 3 de diciembre, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) emitió un comunicado expresando su preocupación por las implicaciones de esta nueva sentencia. La presidencia de COMECE articula su crítica desde la antropología cristiana del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer -enraizada en la ley natural- y desde el principio de subsidiariedad del Derecho de la UE que reserva el derecho de familia, en primer lugar, a los Estados.

Desde la perspectiva de COMECE, y tal como está siendo recogida en diversos medios católicos europeos, esta interpretación del Derecho de la Unión Europea supone no solo una cuestión jurídica, sino también una preocupación por el modelo antropológico del matrimonio defendido por la Iglesia, basado en la ley natural como unión entre un hombre y una mujer.

Los obispos advierten de que este tipo de decisiones, percibidas como imposiciones ideológicas sobre cuestiones íntimamente ligadas a la identidad nacional y religiosa, corren el riesgo de alimentar el euroescepticismo y de ofrecer munición a quienes quieren presentar la UE como un proyecto ajeno a las convicciones profundas de sus pueblos, fomentando nuevas presiones para que los estados reformen sus legislaciones familiares nacionales y generando inseguridad jurídica.

COMECE también sostiene que la sentencia parece llevar la Jurisprudencia más allá de los límites de las competencias de la UE, al afectar cuestiones que pertenecen a la soberanía de los Estados miembros: en particular, el Derecho de Familia y la definición de matrimonio. El Artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que el derecho a casarse y fundar una familia debe ser garantizado «de conformidad con las leyes nacionales que regulan su ejercicio». COMECE señala además que muchos países definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer incluso en sus constituciones.

La sentencia supone forzar una convergencia de hecho del Derecho matrimonial sin mandato alguno de los Tratados, para armonizar el derecho de familia, por eso COMECE declara que la sentencia erosiona el respeto debido a la «identidad nacional» de los Estados miembros (reconocida en el art. 4.2 TUE) y al Estatuto de las Iglesias (protegido por el artículo 17 TFUE). Los obispos temen además un «efecto contagio» hacia otros ámbitos sensibles, como la gestación subrogada transfronteriza, campo en el que la propia COMECE viene pidiendo una prohibición universal.

Yendo más allá, la sentencia podría verse como un nuevo intento de cierta ideología en el poder de imponer por la puerta de atrás, por la vía judicial, una única definición de matrimonio que coincide con uno de los objetivos prioritarios de la estrategia «Unión de la igualdad» en la agenda LGBTIQ+ 2026-2030, donde se prevén acciones para reforzar el reconocimiento transfronterizo de las uniones arcoíris.

«La integración europea corre riesgo»

COMECE recuerda que, sin respeto a la diversidad jurídica y cultural de Europa, incluida su visión cristiana del matrimonio y la familia, la integración europea corre el riesgo de hacerse más frágil precisamente allí donde pretende reforzar los derechos.

Urge recuperar un debate que supere las fracturas ideológicas nihilistas, urge encontrar un acomodo jurídico para quienes nunca saldrán de esas fracturas, pero sin confundir nociones ni atacar instituciones naturales previas al cristianismo y después sustentadas por él, como es el caso del matrimonio. Como sucede con cualquier noción a la que no cesen de añadirle significados, si se fuerza a que el matrimonio ampare tantos tipos de realidades diferentes, nada lo definirá y pronto será imposible entenderlo y vivirlo como tal.