Francia absuelve el aborto y señala como injustas las leyes que defendían la vida

El Parlamento francés ha aprobado este jueves de manera definitiva una ley que, bajo el pretexto de «reparación histórica», exonera a todas las mujeres condenadas por abortar antes de la entrada en vigor de la Ley Veil de 1975, norma que abrió la puerta a la despenalización del aborto en Francia y que lleva el nombre de su principal promotora, Simone Veil.

Según datos oficiales, más de 11.000 personas fueron condenadas entre 1870 y 1975 por delitos relacionados con el aborto. La nueva ley pretende ahora borrar esas condenas, reinterpretando el marco legal de la época y presentándolo exclusivamente como una injusticia del Estado, sin reconocer la función de protección de la vida humana que dichas normas perseguían.

El texto ha sido celebrado por colectivos feministas y por el propio Gobierno, al afirmar que las leyes que penalizaban el aborto constituían un supuesto ataque a la salud de las mujeres y a sus llamados «derechos reproductivos y sexuales», según recoge la cadena BFM TV. Esta visión, asumida sin matices por el legislador, ignora deliberadamente la realidad del ser humano concebido y reduce el aborto a una cuestión ideológica, desvinculada de toda dimensión ética y de la defensa del derecho más básico: el derecho a la vida.

La ley sostiene además que la legislación previa a 1975 provocó «numerosas muertes y daños morales y físicos» a miles de mujeres, atribuyendo así al ordenamiento jurídico la responsabilidad exclusiva de las consecuencias del aborto clandestino, sin cuestionar el trasfondo de una práctica que siempre ha supuesto la eliminación de una vida humana. «Tenemos la responsabilidad de reparar a estas mujeres», afirmó la ministra de Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, insistiendo en un relato que presenta el aborto como una solución y no como un drama social y humano.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado mes de marzo, con el respaldo del Gobierno. Para la ministra delegada de Género e Igualdad, Aurore Bergé, la norma supone «un acto de justicia» para quienes fueron «sometidos a leyes injustas», calificando así de injustas unas leyes que durante décadas buscaron proteger tanto a las mujeres como a sus hijos no nacidos.

En sus declaraciones finales, Bergé afirmó que existe «el deber de hacer sonar la alarma» ante los supuestos ataques a las mujeres que desean abortar en distintos lugares del mundo. Un discurso que evidencia la deriva ideológica de las instituciones francesas, que no solo legitiman el aborto, sino que ahora reescriben la historia para condenar cualquier marco legal que haya intentado defender la vida humana desde su concepción.