La ministra de Igualdad, Ana Redondo
El 'annus horribilis' de Igualdad que ha puesto al ministerio estrella de Sánchez contra las cuerdas
A 15 de diciembre de 2025 se ha contabilizado una víctima mortal de violencia de género más que en la misma fecha del año pasado
El Ministerio de Igualdad ha confirmado recientemente dos nuevos asesinatos machistas, uno de ellos ocurrido en diciembre en Catarroja (Valencia) y el otro en septiembre en Tarragona. Con ellos ha elevado a 47 las víctimas este año y a 1.342 desde 2003.
Según han informado este lunes desde el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Catarroja es una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su pareja tras una agresión registrada el sábado 6 de diciembre. Si bien, finalmente falleció el día 9. La víctima era madre de cuatro hijos, todos ellos mayores de edad y no figuraban denuncias previas por violencia de género.
Mientras, la víctima de Tarragona es una mujer de 36 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado 8 de septiembre. Tenía cuatro hijos menores de edad y tampoco figuraban denuncias previas por violencia de género. En este sentido, los menores huérfanos por violencia de género ascienden este año a 35 en 2025 y a 504 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos.
Tras estos dos casos, septiembre suma cuatro asesinatos por violencia de género y diciembre cinco en 15 días. Así, 2024 cerró con 49 víctimas, dos menos de las que hay registradas hasta el momento este año. A 15 de diciembre de 2025 se ha contabilizado una víctima mortal más que en la misma fecha del año pasado.
A pesar de la cantidad de millones invertidos en esta materia, la cifra de mujeres víctimas de violencia de género apenas se reduce, muchas de las medidas de protección prometidas siguen cogiendo polvo en algún cajón del Ministerio de Igualdad y la controvertida Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', ha devuelto a la calle a 126 agresores.
Fallo en una pulsera telemática el 7 de octubre
La última metedura de pata del Ejecutivo central ha sido recientemente retratada por la Fiscalía General del Estado, quien ha revelado que un fallo en el sistema informático de las pulseras que utilizan los agresores para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género ha dejado un «vacío informativo» y ha supuesto «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían acceder a la información sobre sus movimientos.
Lo más grave de esta cuestión es que, tal y como informó este medio, la ministra de Igualdad era consciente de los errores en las pulseras telemáticas y decidió ocultarlo. Además, a pesar de que Redondo asegura que los fallos ya han remitido, este periódico reveló recientemente que las pulseras siguen fallando a diario, dejando a las mujeres víctimas de violencia de género desprotegidas.
Retraso del Pacto de Violencia de Género
El pasado 17 de febrero, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso aprobó el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. En concreto, obtuvo 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Según desveló recientemente a El Debate uno de los miembros convocados para participar en el escrito del Pacto sobre Violencia de Género, el Gobierno, y en concreto Adriana Lastra, socialista a quien se le encargó orquestar estas reuniones para construir el pacto, retrasó en dos ocasiones la evaluación del dictamen ya que «la habían nombrado delegada del Gobierno en Asturias y dejó el Pacto de Estado», explica esta fuente.
Asimismo, el dictamen «estuvo meses inactivo» porque Lastra se quedó embarazada y pidió la baja por maternidad, mientras que el Gobierno, en vez de sustituirla durante los meses de permiso, volvió a dejar olvidadas las reuniones sobre el Pacto de Estado. «Es un despropósito. Tú no puedes dejar de lado una medida como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque una persona esté de baja», señaló esta fuente.
Falsas promesas
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de diciembre de 2020, a propuesta de la Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la Ministerio de Igualdad, en aquel momento liderados por la socialista Carolina Darias e Irene Montero, respectivamente, adoptó el Acuerdo por el que se aprobaba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.
Este pacto aseguraba la «elaboración de planes de igualdad encaminados a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a combatir decididamente todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo».
En concreto, el ministerio regido actualmente por Óscar López se comprometió a llevar a cabo la elaboración y difusión de unas directrices de actuación ante una situación de violencia contra empleadas públicas, con el objetivo de «atender, asesorar y acompañar a las empleadas públicas víctimas de violencia contra la mujer».
Mientras que Sánchez se comprometió a implantar esta iniciativa en el trascurso de un año, la realidad, según denunció CSIF, es que «el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia», por lo que acusan al Ejecutivo de Sánchez de «incumplir» uno de los compromisos más importantes en materia de violencia de género y que fue anunciado en su momento a bombo y platillo.
