El caos del MIR 2026: una convocatoria al borde del colapso administrativo

La convocatoria del MIR 2026, uno de los procesos selectivos más relevantes del sistema sanitario español, atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza con desembocar en un conflicto jurídico de gran envergadura. Lo que comenzó como una sucesión de retrasos y fallos técnicos se ha transformado en una posible vulneración del propio procedimiento legal diseñado por el Ministerio de Sanidad, poniendo en riesgo la celebración del examen previsto para el próximo 24 de enero y afectando a cerca de 30.000 aspirantes.

El último episodio, especialmente grave, se produjo el pasado 18 de diciembre, cuando el Ministerio publicó la Resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP) por la que se nombran las comisiones calificadoras, interventores y se ratifica la fecha del examen. El problema es que esta resolución se ha dictado sin que exista todavía una lista definitiva de admitidos y excluidos, algo que contradice de forma explícita la propia Orden de Convocatoria publicada en agosto de 2025 en el BOE. El texto es claro: primero deben aprobarse las listas definitivas y, solo después, dictarse la resolución que nombra las comisiones y confirma la fecha del examen. El orden se ha invertido.

Este vicio procedimental, señalado por opositores y analistas jurídicos en plataformas especializadas como el blog GangasMIR, podría tener consecuencias legales serias. La Ley 39/2015 exige que los actos administrativos respeten el procedimiento establecido, y la omisión de trámites esenciales puede conllevar la nulidad del acto. La resolución publicada es, además, recurrible en alzada, y su plazo de impugnación expira el 18 de enero, apenas seis días antes del examen.

Pero este episodio no surge de la nada. El proceso del MIR 2026 arrastra problemas desde su inicio. El primero fue la dimisión del Comité de Redactores encargado de elaborar las preguntas del examen, una situación inédita que ya generó alarma en sindicatos y colegios profesionales. A ello se sumó el colapso de la web del Ministerio durante el periodo de inscripción, que dejó a miles de aspirantes intentando registrarse durante días sin garantías técnicas suficientes.

La raíz del caos, sin embargo, parece estar en la contratación tardía de la empresa encargada de elaborar las listas de admitidos, realizada a mediados de noviembre, cuando habitualmente se hace meses antes. El resultado fue un retraso en la publicación de las listas provisionales –que salieron el 15 de diciembre, fuera del plazo marcado– y, lo más grave, la aparición de errores masivos: cerca del 40 % de los aspirantes figuran con el baremo académico mal calculado, muchos de ellos con una nota genérica de cinco que obliga a subsanar.

Pese a ello, el Ministerio ha minimizado públicamente el problema, hablando de unas 2.000 exclusiones, cuando en realidad entre 10.000 y 12.000 aspirantes están afectados por errores de baremación. El periodo de subsanaciones finaliza el 2 de enero, y el calendario posterior hace prácticamente imposible revisar ese volumen de expedientes en tiempo y forma. Históricamente, el intervalo mínimo entre listas definitivas y examen ha sido de un mes; este año se pretende reducir a apenas unos días.

Bajo la presión mediática y sindical, el Ministerio modificó su mensaje: de anunciar que las listas definitivas saldrían «a partir del 23 de enero» pasó a afirmar que lo harían «a partir del siete». Sin embargo, expertos y opositores coinciden en que se trata de un cambio de narrativa, no de una solución real.

El escenario que se dibuja es preocupante: el examen podría celebrarse mientras siguen abiertos los plazos de recurso, o incluso verse paralizado si prosperan las impugnaciones contra la resolución de la DGOP. Lo que está en juego no es solo una fecha, sino la credibilidad institucional de un proceso clave para el futuro de la sanidad pública. El MIR 2026 amenaza con convertirse en el mayor fiasco administrativo del sistema de formación sanitaria especializada en democracia.