El Gobierno compra nuevas pulseras antimaltrato pero desoye a las víctimas y a la Policía: «No es la solución»

El Consejo de Ministros, a petición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha aprobado un acuerdo para modificar los límites de gasto y así poder contratar el servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, conocidas como las pulseras antimaltrato.

Este nuevo contrato, cuyo coste asciende a 71.369.269,41 de euros, surge después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria correspondiente al año 2024 de fallos en las pulseras telemáticas, que dejaron a las mujeres desprotegidas durante meses y provocaron el sobreseimiento y archivo de numerosas causas.

El periodo de ejecución del contrato abarcará los ejercicios 2026 a 2029. El precio final se divide en tres partidas diferentes, correspondiendo 59.280.321,89 euros al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos.

Según han expresado a esta medio víctima de violencia de género y agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), el principal problema de este sistema es que, aunque funcione, no protege de forma efectiva a las mujeres, quienes opinan que se sentirían más protegidas si el sistema Cometa no dependiese de una empresa externa, sino directamente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

«Las pulseras deberían estar gestionadas por la Policía Nacional», señala una agente de la UFAM a El Debate. Porque ahora hay intermediarios. «Con las pulseras, si hay una alerta, no nos llega directamente a la policía. Hay pasos intermedios. Entre que llega la llamada y llegamos nosotros pasan 20 o 25 minutos. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas», advierte.

Es por esto que desde esta unidad de la Policía Nacional piden a las víctimas «que llamen directamente al 112, aunque tengan pulsera. Eso sí es respuesta policial inmediata», añade. Por otro lado, a raíz de los fallos en las pulseras, los jueces de violencia de género están optando cada vez más por la prisión preventiva: «El juez de violencia de género que tenemos prefiere prisión preventiva antes que pulsera, porque dice que es un marrón y fallan continuamente», ha señalado.