Educación desprecia a los centros a la hora de evaluar a los inspectores

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora con nueva ministra –Milagros Tolón– quiere llevar al Consejo de Ministros un decreto que regula la inspección educativa.

El borrador del decreto, al que ha accedido El Debate, introduce cambios en cuanto a funciones, atribuciones, prueba de acceso, prácticas, entre otras cuestiones que afectan al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Lo que más ha llamado la atención al Consejo de Estado del decreto, máximo órgano consultivo del Gobierno, es que es «excesivamente programático» en la parte referida a la evaluación a la que tiene que ser sometida la propia inspección «en el sentido de que no determina los criterios de evaluación», dice el dictamen, al que también ha accedido este periódico.

Así, exige un grado de «concreción mayor» y reprocha que la norma no dice «nada» acerca de la «intervención o no de los propios centros educativos en la evaluación de la inspección educativa, aspecto muy relevante toda vez que las últimas reformas en materia de educación vienen proclamando la evolución de un modelo de inspección educativo no tan burocrático, sino más pedagógico y cercano a los centros, orientado a una supervisión más colaborativa y de tipo más preventivo».

«Está bien que nos evalúen»

Los propios inspectores ven con buenos ojos que se los evalúa, aunque ponen alguna condición. «Está bien que se garantice que los centros nos evalúen, siempre que esté bien plateado, por ejemplo, a través de un tramite de audiencia; se puede escuchar a los centros sobre nuestra actuación aunque sin que el pronunciamiento sea vinculante», señala Javier Fernández, con 11 años de experiencia y miembro del sindicato de inspectores USIE

En cuanto a las funciones de los inspectores se añade la «evaluación de la función docente» y de «la función directiva de los centros, servicios y programas educativos». Respecto a las atribuciones, ahora los inspectores podrán «conocer y analizar los resultados obtenidos por los centros y servicios con la finalidad de proponer medidas y actuaciones para la mejora de los procesos educativos».

En cualquier caso, los inspectores dicen que las medidas «llegan tarde». «No aportan nada nuevo que no se venía haciendo desde 1995 en todas las administraciones educativas», apunta Fernández.

Así, exige un grado de «concreción mayor» y reprocha que la norma no dice «nada» acerca de la «intervención o no de los propios centros educativos en la evaluación de la inspección educativa, aspecto muy relevante toda vez que las últimas reformas en materia de educación vienen proclamando la evolución de un modelo de inspección educativo no tan burocrático, sino más pedagógico y cercano a los centros, orientado a una supervisión más colaborativa y de tipo más preventivo».

El dictamen recuerda que es la propia ley educativa (Lomloe o ´ley Celaá', la que «fomenta la autonomía de los centros para que puedan realizar innovaciones pedagógicas, programas educativos, propuestas de organización, planes de trabajo (...), necesitando para ello, además de los adecuados equipos directivos y de una debida formación del profesorado, de una inspección educativa que colabore y coopere en estos procesos de transformación».

En cuanto al acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, entre otros cambios, se amplía ligeramente el temario, se añade un cuestionario de entre 20 y 30 preguntas en la primera prueba de la fase de oposición que en la norma anterior constaba de un escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el tribunal. En la fase de prácticas se incluye un tutor, tampoco presente en la normativa anterior.