Un veterinario inocula un medicamento a un perro
Guerra por los medicamentos veterinarios: las farmacias exigen ser ellas las que los dispensen
Los profesionales de las boticas piden mantener la separación entre prescripción y dispensación
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, la Asociación de Farmacéuticos para el Buen Uso del Medicamento Veterinario, la Sociedad Española de Farmacia Rural y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria han reivindicado de manera conjunta que la dispensación de medicamentos veterinarios debe seguir correspondiendo a las oficinas de farmacia, en el marco de la normativa vigente.
Las cuatro entidades se han pronunciado este miércoles a través de un comunicado común, en el que fijan posición ante la eventual modificación del Real Decreto 666/2023. Esta norma regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, y su posible reforma abriría la puerta a que los veterinarios pudieran llevar a cabo directamente la cesión de estos fármacos.
En su argumentación, las organizaciones profesionales han invocado el Reglamento Europeo 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo. A su juicio, este texto deja claro que el medicamento veterinario está sometido a exigentes principios de autorización, supervisión y farmacovigilancia, así como a criterios de uso responsable. Todo ello incluye, según subrayan, obligaciones reforzadas en materia de trazabilidad y un empleo prudente de los antimicrobianos, en línea con las estrategias comunitarias frente a las resistencias bacterianas.
Las entidades recuerdan además que el ordenamiento jurídico español consagra la separación entre quien prescribe y quien dispensa como una «garantía estructural» del sistema sanitario. En concreto, destacan que la legislación establece de forma expresa que el profesional que receta no puede tener intereses directos en la dispensación del medicamento, un principio que, a su entender, protege la independencia profesional y refuerza la salvaguarda de la salud pública.
En esta misma línea, señalan que el Real Decreto 666/2023 mantiene ese esquema general. Si bien contempla en su artículo 37 determinados supuestos excepcionales de cesión de medicamentos durante el acto clínico, recalca su carácter limitado y justificado, delimitando con claridad que se trata de situaciones extraordinarias.
El veterinario es quien prescribe
Las organizaciones insisten en que el veterinario, en su condición de profesional clínico, es el encargado de prescribir el tratamiento adecuado para el animal. Sin embargo, sostienen que la dispensación debe recaer en establecimientos legalmente autorizados y bajo la responsabilidad de un farmacéutico.
A su juicio, este modelo permite asegurar la validación formal de la receta, la adecuada conservación y custodia de los medicamentos, así como una trazabilidad completa del producto. Además, garantiza que el titular o cuidador del animal reciba un asesoramiento profesional independiente. Todo ello, añaden, favorece el uso racional de los fármacos y contribuye a las políticas europeas destinadas a controlar las resistencias antimicrobianas.
En este contexto, advierten: «En un contexto en el que la Unión Europea ha situado la lucha contra las resistencias antimicrobianas como prioridad estratégica, cualquier interpretación o modificación normativa debe reforzar, y no debilitar, los mecanismos de control y supervisión del medicamento veterinario». Con esta afirmación, las entidades recalcan que cualquier cambio legislativo debería orientarse a fortalecer las garantías existentes.
En síntesis, las organizaciones farmacéuticas recalcan que la dispensación de medicamentos veterinarios en establecimientos autorizados y bajo la supervisión de un farmacéutico «no constituye una cuestión sectorial, sino una garantía jurídica y sanitaria alineada con el Derecho de la Unión Europea y con el modelo de garantías del medicamento vigente en España».
Por último, manifiestan su voluntad de mantener un diálogo institucional y técnico con las autoridades competentes. Su objetivo, según expresan, es preservar un sistema «coherente, seguro y jurídicamente sólido», en un ámbito especialmente sensible para la salud animal y, por extensión, para la salud pública. Queda ahora por ver si el Ejecutivo opta por introducir cambios en la regulación o mantiene el actual equilibrio entre prescripción y dispensación.