El Gobierno aprueba una estrategia para combatir la soledad no deseada sin tocar sus causas profundas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este martes la nueva estrategia estatal para detectar y combatir la soledad no deseada, aprobada en el Consejo de Ministros bajo el nombre de Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030. El objetivo declarado: «no dejar solo a nadie» y reforzar los pilares del Estado social.

Según ha explicado el Ministerio, la iniciativa –en cuya elaboración han participado hasta once departamentos, comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones del Tercer Sector– pretende abordar de forma transversal un fenómeno que afecta al 20 % de la población en España. El dato procede del Barómetro del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada elaborado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, que advierte además de que, en dos tercios de los casos, la soledad se prolonga durante más de dos años.

La estrategia contempla la creación de una Mesa Interinstitucional, el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana y la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores para medir las «soledades». También prevé criterios comunes para la detección temprana a través del sistema sanitario, educativo y de servicios sociales, así como el impulso de políticas vinculadas al urbanismo, la vivienda colaborativa, la accesibilidad universal o los programas intergeneracionales.

Bustinduy ha defendido que el problema «no es la soledad en sí, sino que no siempre se puede elegir» y ha atribuido su cronificación a «décadas de antropología neoliberal» que habrían fomentado una sociedad individualista y atomizada. En esa línea, ha subrayado la necesidad de reconstruir tejido comunitario y ha señalado que pocos países han intervenido de forma decidida en esta materia, citando el caso de Japón como referencia.

El planteamiento parte de una premisa compartida por numerosos expertos: la soledad no deseada no es solo una vivencia individual, sino una realidad atravesada por factores estructurales como la precariedad económica, la dificultad de acceso a la vivienda, la despoblación rural o incluso la digitalización acelerada de las relaciones sociales. La propia estrategia reconoce que la vulnerabilidad económica limita la participación social, reduce la movilidad y erosiona los vínculos.

Sin embargo, más allá de la retórica y de la arquitectura institucional –mesas, indicadores, marcos estratégicos– queda por ver si el Gobierno está dispuesto a abordar las raíces profundas del problema. Resulta difícil combatir un fenómeno sistémico, ligado a multitud de factores, únicamente con mecanismos de coordinación administrativa y prescripción social desde la atención primaria.

La iniciativa aspira a fortalecer el Estado del bienestar en línea con la Agenda 2030 y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La cuestión es si bastará con nuevas estructuras y diagnósticos para revertir décadas de transformaciones económicas y sociales que han erosionado los lazos comunitarios, o si, una vez más, se intentará tratar con medidas superficiales lo que en realidad exige reformas de mayor calado.