La advertencia de grupos provida ante la decisión de la Comisión Europea de practicar abortos transfronterizos

La cultura de la muerte está ganando a la vida. El pasado jueves con la votación del Consejo de Estado favorable al aborto, ahora, con la respuesta de la Comisión Europea a la Iniciativa Ciudadana Europea My Voice, My Choice, que abre la posibilidad de utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para financiar el aborto transfronterizo. Aunque no se creará un nuevo instrumento específico, han afirmado desde la propia entidad, por primera vez la Comisión abrirá la posibilidad de que un fondo europeo ya existente pueda destinar «recursos a esta finalidad».

Para denunciar este grave hecho, la Fundación Jérôme Lejeune España, vicepresidenta de la Federación Europea One of Us, ha querido manifestar mediante un comunicado su profundo malestar. Tonio Borg, presidente de One of Us y excomisario europeo, ha declarado que se están vulnerando «los tratados de la UE». Asimismo, ha revelado que el aborto «no es competencia de la Unión Europea. La Comisión Europea está extralimitando sus propias competencias en un ámbito tan delicado como el aborto».

En la misma línea, Pablo Siegrist, vicepresidente de One of Us y director general de la Fundación Jérôme Lejeune España, ha advertido que «no solo se estaría vulnerando el marco jurídico europeo», sino que además «se facilitaría el aborto selectivo por discapacidad más allá de las fronteras nacionales de países que no han caído en esta práctica denigrante y discriminatoria, como Polonia o Malta». Esto, ha aclarado, refuerza «dinámicas eugenésicas y entra en colisión directa con el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe expresamente toda discriminación por motivos de discapacidad».

Implica una doble distorsión

Para la Federación One of Us esta decisión implica una doble distorsión. Primero, han afirmado, clasificar el aborto como una necesidad sanitaria y financiarlo a través de instrumentos europeos de salud supone una tergiversación profunda de su naturaleza y un uso indebido de fondos destinados a mejorar el acceso real a la atención sanitaria.

El aborto no previene ni cura una enfermedad. No es una política sanitaria en el sentido habitual del término, sino que pone fin intencionadamente a una vida humana muy joven.

En segundo lugar, han considerado que el FSE+ fue concebido para promover la inclusión y evitar que «las familias con hijos caigan en la pobreza», han apuntado.

Ampliarlo para financiar abortos supone «un grave contrasentido», han subrayado en el comunicado. En lugar de apoyar verdaderamente a las familias e integrar a los niños con discapacidad en la sociedad, la Unión Europea estaría destinando fondos sociales a una finalidad ajena a su espíritu original. Además, de manera mecánica, se reducirán los recursos disponibles para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, este mecanismo ejerce presión sobre los Estados miembros. Dado que las contribuciones al FSE+ son obligatorias, todos los países se verán obligados a financiar esta política más allá de su propia legislación nacional.

Por último, One of Us evoca su propia Iniciativa Ciudadana Europea –ONE OF US– que, en 2014 logro recaudar 1,89 millones de firmas para pedir que la Unión Europea dejara de financiar cualquier actividad que implique la destrucción de embriones humanos. Se trata de una de las iniciativas con mayor respaldo en la historia de la UE, una muestra clara de que millones de ciudadanos europeos siguen exigiendo que se garantice la protección de la vida humana desde el momento de la concepción.