Abogados Cristianos denuncia por prevaricación a la médico que tramitó la eutanasia de Noelia

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona contra la médico que intervino en el proceso de eutanasia de Noelia Castillo Ramos, al considerar que pudo incurrir en un delito de prevaricación.

La organización, que ha ejercido la representación legal del padre de la joven durante todo el proceso judicial, sostiene que la facultativa actuó vulnerando la normativa vigente al participar en el procedimiento pese a encontrarse, a su juicio, en una situación de conflicto de intereses.

Según expone la denuncia, fue la propia médico quien redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente. En ese documento incluyó como primer punto la voluntad de Noelia de donar sus órganos y tejidos. Para la Fundación, este aspecto resulta especialmente relevante, ya que consideran que no fue la paciente quien reflejó esa decisión, sino la profesional sanitaria, que además desempeñaba funciones como coordinadora de trasplantes.

En este sentido, la denuncia subraya que la doctora ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf y como médica responsable del proceso de eutanasia. A juicio de Abogados Cristianos, esta doble función supone un conflicto de intereses «estructural e insalvable», al entender que la misma persona encargada de evaluar la procedencia del procedimiento tenía también un interés institucional vinculado a la obtención de órganos.

Asimismo, la Fundación pone de relieve que la profesional es especialista en Medicina Intensiva y que no era la médico habitual de la paciente ni mantenía una relación clínica previa con ella. Este hecho, señalan, genera dudas sobre las razones por las que asumió un procedimiento de especial sensibilidad sin ser, en principio, la facultativa de referencia de la joven.

La organización recuerda que la legislación vigente establece la necesidad de una separación estricta entre los procesos de eutanasia y de donación de órganos, prohibiendo expresamente la intervención de profesionales que puedan tener algún tipo de interés en el resultado. Sin embargo, según sostienen, en este caso ambos procedimientos habrían estado vinculados desde el inicio, lo que podría haber comprometido las garantías exigidas.

Otro de los aspectos que destaca la denuncia es el papel central del informe elaborado por la médico. Según Abogados Cristianos, dicho documento resultó determinante para el desarrollo del proceso, ya que ni el equipo médico encargado de la evaluación ni la Comisión de Garantía y Evaluación habrían valorado directamente a la paciente, basando su decisión en el contenido de ese informe.

Para la Fundación, esta circunstancia refuerza la idea de que el procedimiento podría haberse visto afectado por una posible incompatibilidad, lo que, en su opinión, podría derivar en la nulidad de todo el proceso.

Además, señalan que Noelia habría revocado en el último momento la donación de órganos que figuraba en la solicitud inicial, lo que interpretan como un indicio de posibles irregularidades en la gestión del caso desde sus primeras fases.

La organización también apunta que la paciente solicitó aplazar la eutanasia en un momento determinado al encontrarse en un estado de confusión. A su juicio, este hecho evidenciaría una posible falta de garantías en la evaluación de su voluntad, así como la existencia de fluctuaciones en su capacidad de decisión.

La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, ha calificado el caso como «muy grave» y ha advertido de que, en su opinión, pone en cuestión las garantías del sistema. En este sentido, ha señalado que no debería adoptarse una decisión de este tipo cuando concurren posibles intereses relacionados con la donación de órganos.

Por último, desde Abogados Cristianos insisten en que este caso refleja, a su juicio, deficiencias en la aplicación de la ley de eutanasia y han anunciado que continuarán impulsando acciones legales con el objetivo de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.