Organizaciones feministas rechazan la reforma de la ley de riesgos laborales por «redefinir» la perspectiva de género

Un grupo de 39 organizaciones feministas ha presentado alegaciones conjuntas contra el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que el texto impulsa una modificación del concepto de perspectiva de género que, a su juicio, altera su sentido original y genera inseguridad jurídica.

Las entidades critican que la propuesta, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, introduce cambios que «alteran» el significado jurídico de este enfoque, lo que podría afectar a su correcta aplicación. En este sentido, sostienen que el uso del mandato de incorporar la perspectiva de género estaría sirviendo como vía para «redefinirlo ideológicamente» e incorporar un enfoque basado en «identidades subjetivas».

A este respecto, advierten de que «la reinterpretación del término «género» para incorporar categorías no basadas en el sexo no es una evolución inocua del lenguaje: constituye una alteración sustancial del concepto jurídico original». Esta crítica se enmarca en su preocupación por el impacto que estos cambios pueden tener en el marco normativo vigente.

De igual modo, las organizaciones subrayan que esta transformación supondría una «modificación sustancial» de un concepto consolidado en el Derecho Internacional desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. Según recuerdan, dicho concepto «constituye una herramienta técnica destinada a analizar y corregir desigualdades estructurales entre mujeres y hombres», por lo que su redefinición implicaría, en su opinión, una desviación de su finalidad inicial.

En esta línea, recalcan que «no estamos ante una actualización técnica, sino ante una redefinición encubierta que desnaturaliza el concepto de perspectiva de género y altera la finalidad de las políticas públicas». Con esta afirmación, ponen el acento en el alcance que, a su entender, tendría la reforma más allá del ámbito estrictamente laboral.

Uno de los puntos que suscita mayor rechazo entre las firmantes es la inclusión de categorías como la «identidad de género» o la «expresión de género» dentro de la evaluación de riesgos laborales. Según argumentan, estos elementos carecen de base técnica y de criterios operativos claros, al no guardar relación directa con riesgos físicos o ergonómicos en el entorno de trabajo. Por ello, alertan de que su incorporación podría provocar «indeterminación» en la evaluación de riesgos y ampliar las responsabilidades empresariales «hacia conflictos que no son propiamente riesgos laborales».

Asimismo, las organizaciones advierten de un posible «cambio de paradigma» en las políticas públicas, al sustituirse el análisis de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres por el reconocimiento de identidades subjetivas. Entre las consecuencias que anticipan se encuentran la dilución del sujeto político de protección, que identifican con las mujeres, así como una posible distorsión del marco jurídico internacional y la pérdida de eficacia de las herramientas diseñadas para promover la igualdad.

Otro de los aspectos que consideran especialmente «preocupantes» es el efecto que estas redefiniciones podrían tener en los espacios físicos dentro del ámbito laboral, como vestuarios, aseos o zonas de privacidad. En este punto, recuerdan que la normativa actual establece la separación por sexo como medida para garantizar la intimidad, la seguridad y la dignidad. Por ello, advierten de que la introducción de criterios basados en la «identidad de género» podría derivar en «conflictos» en su uso y en una «posible vulneración» de dichos derechos.

Además, critican que el anteproyecto sustituya referencias explícitas a las mujeres por fórmulas neutras como «persona trabajadora embarazada». A su juicio, este cambio «invisibiliza las discriminaciones y vulneraciones específicas que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres en el ámbito laboral por razón de su sexo, maternidad o lactancia», lo que consideran un retroceso en el reconocimiento de estas realidades.

En este contexto, las organizaciones firmantes reclaman la retirada de las redefiniciones incluidas en el anteproyecto y piden que cualquier reforma respete los estándares internacionales, se sustente en evidencia científica y preserve la «claridad conceptual» necesaria para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En su posicionamiento final, concluyen que «no se puede utilizar la prevención de riesgos laborales para introducir agendas ideológicas. Cuando se desdibujan los conceptos, se ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres trabajadoras».