La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados
Junts se queda solo al querer prohibir el burka por intentar colar una cesión más a Cataluña en la ley
El PSOE y Sumar han expresado su rechazo a la Proposición de Ley Orgánica por «intolerante», mientras PP y Vox la han rechazado porque «introduce por la puerta de atrás otra cesión de competencias» a Cataluña
Finalmente, los de Piugdemont se han quedado solos en su intento de que el Gobierno central traspase a Cataluña las competencias en inmigración con la excusa de la prohibición del burka. En concreto, el PSOE y Sumar han expresado su rechazo este martes a la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica por «intolerante», mientras PP y Vox la han rechazado porque «introduce por la puerta de atrás otra cesión de competencias» en materia de seguridad e identificación de personas a la Generalitat de Cataluña.
Durante el debate que ha tenido lugar este martes en la Cámara baja, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó ha defendido su propuesta y lo ha desvinculado del «racismo» y de «Vox». «Ni burka, ni Vox», ha declarado, al tiempo que ha advertido que no permitirán que en la sociedad española «se vulneren los derechos de las mujeres».
Por su parte, la diputada del PP Cristina Teniente ha mostrado su apoyo al «fondo» de la proposición porque «el burka y los velos integrales son la negación de la identidad de las mujeres» pero ha lamentado que «introducen por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Cataluña». «Por tanto, decimos que la prohibición sí, pero una nueva cesión no», ha subrayado.
Desde el PSOE, la diputada Andrea Fernández ha indicado que «cualquier prenda orientada a ocultar o denigrar a las mujeres es contraria al feminismo» y «una muestra de opresión siempre», pero ha afeado a Junts que «la seguridad es la coartada que se utiliza para cubrir la intolerancia». «La solución en ningún caso pasa por expulsar a estas mujeres del espacio público a base de prohibiciones», ha señalado, al tiempo que ha invitado a prestar más atención al espacio privado porque «cualquier mujer que se vea obligada a llevar un burka o un nicab tiene un problema de violencia de género en su casa».
Mientras, la diputada de Vox Blanca Armario ha reprochado a Junts «incoherencia» y «falta de memoria» porque, a su juicio, «el separatismo catalán es el responsable de la islamización de Cataluña» y le ha afeado que votaron en contra de la propuesta de Vox sobre el mismo tema. También les ha acusado de «utilizar el velo como pretexto» con el «verdadero deseo de una nueva cesión». «Ni burka ni Junts», le ha respondido.
Por parte de Sumar, el diputado Gerardo Pisarello se ha mostrado «a favor del máximo autogobierno» y «del derecho de las mujeres a taparse o a destaparse» pero ha precisado que esto es «racismo disfrazado de feminismo» porque lleva a «estigmatizar y a criminalizar a mujeres migrantes, pobres, por su origen y por su color de piel».
Asimismo, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha acusado a Junts de tener «mala fe» por proponer una «trampa» al incluir la prohibición del velo integral y la delegación de competencias. «¿Saben cómo comienza esto? Diciendo que el burka y el nicab se deben prohibir porque es un atentado machista. ¿Y saben cómo acaba esto? Gritando: 'Musulmán el que no bota'», ha advertido.
Desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta ha acusado a Junts de utilizar a las mujeres como «chivo expiatorio» y ha tachado de «irónico» que propongan la prohibición de vestir ciertas prendas religiosas que cubren el rostro, «cuando hace solo una semana cientos y cientos de personas, en su mayoría hombres, han desfilado por las calles de todo el Estado español con el rostro completamente cubierto por decisión religiosa», en referencia a las procesiones de Semana Santa.
El diputado del PNV Mikel Legarda se ha mostrado a favor de la delegación de competencias pero ha precisado que, lo que se refiere a la prohibición del velo integral debe resolverse de conformidad con los tratados internacionales y la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «no aceptó que la prohibición fuera necesaria en una sociedad democrática en aras a la seguridad pública» ni «que el velo integral afectase a la igualdad de género».