El Tribunal de Cuentas señala a Igualdad por contratar a dedo a un ex alto cargo del Gobierno para redactar una ley

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha señalado al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo por contratar a dedo a un ex alto cargo del Gobierno para que le redactase la ley de trata. Así consta en el Informe de Fiscalización de la contratación menor vinculada al área de gasto «actuaciones de protección y promoción social» de los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio del año 2024.

En concreto, la entidad fiscalizadora hace alusión a un contrato para la «Asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos», adjudicado por un importe de 14.990 euros.

Según revela, la cartera que rige Redondo no siguió el proceso ordinario de contratación, sino que publicó un anuncio en la página web del propio ministerio, «no para celebrar un contrato, sino para la búsqueda de perfiles profesionales 'con amplia experiencia en políticas migratorias, extranjería, en los sistemas de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como en infancia'».

Asimismo, el anuncio tampoco especificó cuál era la finalidad de la búsqueda de ese perfil profesional ni, en particular, que su objeto era la ejecución del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de la ley de trata. Fueron tan solo dos personas las que respondieron al anuncio y, casualmente, el contrato fue finalmente adjudicado a Santiago Antonio Yerga Cobos, quien hasta hacía unos meses había sido Director General de Migraciones, es decir, a un ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras este contrato, en abril de 2025 Yerga fue nombrado Director General de Gestión Migratoria, un mes antes de la terminación prevista del contrato. Por otro lado, esta misma persona fue el adjudicatario de otro contrato menor de Igualdad, por valor de otros 14.900 euros para analizar si era posible acreditar a entidades especializadas en trabajar con víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y en situación de prostitución.

Otras anomalías del contrato

Respecto a este mismo contrato, el Tribunal de Cuentas también afea «la necesidad de un contrato de asistencia para la redacción de un texto normativo sobre una materia competencialmente atribuida al Ministerio se fundamente en 'la imposibilidad de que sea llevado a cabo con los medios técnicos y humanos' del departamento».

Asimismo, el órgano de control de las cuentas públicas señala que «no se aprecia la naturaleza excepcional e imprevisible del objeto de este contrato», requisito necesario para tramitar un contrato a través del procedimiento de contratación menor.

A renglón seguido, considera que «tampoco ha quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto, más allá de establecer un pago por mensualidades sobre la base de un valor estimado prefijado de 14.900 euros, sin ningún elemento de juicio que permita comprobar ni desglosar el valor de la prestación y de sus distintos elementos».