Los ministros de Sanidad, Mónica García (c); Interior, Fernando Grande Marlaska (i), y Política Territorial, Ángel Víctor Torres (d), en el puerto de Granadilla
Mónica García arremete contra Clavijo y celebra el fondeo del MV Hondius «a pesar de todas las oposiciones»
La ministra de Sanidad celebraba la operación afirmando que «nada nos va a distraer de que este operativo tenga éxito a pesar de todas las dificultades que nos hemos encontrado»
Con el MV Hondius de fondo y los médicos de Sanidad Exterior a bordo del crucero para autorizar el desembarco de los pasajeros, Mónica García ahondaba en la brecha política entre el Ejecutivo de Canarias y el Gobierno de España.
Durante una breve rueda de prensa, la ministra de Sanidad comunicaba que «todo el pasaje continúa asintomático», a la vez que recordaba que serían los españoles los primeros en desembarcar, seguido de Países Bajos, que también transportará a ciudadanos alemanes, griegos, belgas y parte de la tripulación. A la vez que comentaba la actualidad sanitaria, no pasaba por alto el desafío del líder canario Fernando Clavijo, a quien evitaba mencionar directamente. «Con todo el respeto, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las oposiciones, la llegada del fondeo del barco se ha producido con total normalidad».
«El Gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles, les hemos dicho que son absolutamente bienvenidos», enfatizaba la ministra. Apostillaba que «nada nos va a distraer de que este operativo tenga éxito a pesar de todas las dificultades que nos hemos encontrado».
A las 11 de la noche del sábado, Clavijo anunciaba que no autorizaba el fondeo del barco ya que no se estaban cumpliendo las garantías sanitarias y existían discrepancias con el operativo diseñado por el Gobierno. «Si lo quiere imponer el Estado, como ha hecho hasta ahora, que lo imponga, pero nosotros no lo vamos a autorizar». Y sus palabras se cumplieron en apenas minutos. La Marina Mercante —dependiente del Ministerio de Transportes— emitía una resolución en la que obligaba a la acogida del barco.