Mónica García aprueba una ley que «blinda» la gestión pública de la sanidad entre ataques a Quirón y a Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con la que el Gobierno pretende limitar al máximo la colaboración público-privada en la sanidad y facilitar la reversión de modelos de gestión como los de Quirón o Ribera Salud. La iniciativa, sin embargo, vuelve a evidenciar la fijación política de García con la Comunidad de Madrid y con determinados grupos hospitalarios privados, convertidos desde hace años en el eje central de su discurso público.

Tras superar una primera vuelta en febrero, el Ejecutivo da ahora luz verde al texto definitivo, que apuesta por reforzar la gestión directa de los servicios sanitarios y restringir la gestión indirecta a casos excepcionales. Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que los modelos privados han provocado fragmentación, menor transparencia y pérdida de control institucional, además de peores resultados en indicadores como hospitalizaciones evitables o mortalidad por infarto e ictus.

La futura ley derogará la conocida ley 15/97, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió la entrada de operadores privados en hospitales públicos. Aunque la norma afecta a todo el territorio nacional, el foco político y mediático vuelve a situarse sobre Madrid y sobre grupos como Quirón, habituales objetivos de las críticas de Mónica García desde su etapa en la oposición madrileña. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha ejemplificado los casos de privatización nombrando tanto a la Comunidad de Madrid como a al grupo Quirón. «Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes fondos privados como puede ser Quirón», subrayaba García.

El departamento de Sanidad también pone como ejemplo el modelo valenciano de Alcira, gestionado por Ribera Salud y posteriormente extendido a otros centros como el hospital de Torrejón de Ardoz, recientemente envuelto en polémica por unos audios de su CEO relacionados con la derivación de pacientes menos rentables.

El Gobierno defiende que la privatización sanitaria ha contribuido al deterioro de plantillas y a una menor calidad asistencial, argumentos con los que busca justificar un cambio legislativo de gran alcance. Sin embargo, los detractores de la norma consideran que el Ejecutivo simplifica el debate sanitario y utiliza determinados casos para alimentar un relato ideológico contra la sanidad concertada y privada, especialmente en Madrid, donde la confrontación política entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha convertido la gestión sanitaria en un campo de batalla permanente.

La ley establecerá que la gestión indirecta solo podrá utilizarse cuando no sea posible la prestación directa y siempre bajo criterios de sostenibilidad financiera, eficiencia y garantías de calidad, accesibilidad y continuidad asistencial. Será la propia Mónica García quien detalle el contenido definitivo de la norma tras el Consejo de Ministros, en una comparecencia en la que volverá a situar la sanidad pública en el centro del debate político nacional.