16 comunidades se plantan ante Mónica García y le instan a reabrir el diálogo sobre el Estatuto Marco

Mónica García se ha quedado sola en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad. De las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas convocadas, solo Cataluña, cuya consejera se encuentra de baja, ha evitado firmar un documento en el que se solicita al ministerio que solucione la situación actual con los médicos, que continúan en huelga como consecuencia de la aprobación del Estatuto Marco.

El documento lo han firmado 16 comunidades y las dos ciudades autónomas, incluyendo por tanto tres regiones gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) y una en la que se encuentran dentro del ejecutivo autonómico (País Vasco). «La ministra se ha quedado sola, no cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas», ha sentenciado Alberto Martínez, consejero vasco de Salud, en nombre de todas las regiones firmantes.

En el escrito, las administraciones autonómicas recuerdan que el Estatuto Marco es una norma básica de ámbito estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad. Por ello, consideran que la resolución del conflicto laboral que ha desembocado en una convocatoria de huelga de ámbito nacional debe producirse necesariamente en el marco de negociación impulsado por el departamento que dirige la política sanitaria estatal.

Las comunidades subrayan que, aunque no son responsables del contenido de la norma ni de su tramitación, sí están asumiendo las consecuencias organizativas y asistenciales derivadas de la protesta. En este sentido, destacan que están adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre los pacientes mientras persista el conflicto.

El documento llega después de que el texto haya sido aprobado por el Consejo de Ministros, una decisión que, según las autonomías firmantes, no ha servido para poner fin a las tensiones con los profesionales médicos. A su juicio, la continuidad de la convocatoria de huelga demuestra que el problema de fondo sigue sin resolverse y que no se ha alcanzado un consenso suficiente con uno de los colectivos más afectados por la reforma.

Por este motivo, las comunidades consideran imprescindible que el Ministerio de Sanidad impulse de manera inmediata un proceso de diálogo «real, efectivo y constructivo» que permita acercar posiciones y alcanzar un acuerdo que contribuya a desactivar el conflicto.

A pesar de todo, los consejeros le han trasladado su «voluntad de trabajar para resolver» los problemas «generados» por Sanidad, que «no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del estatuto marco». «Volvemos a tender la mano al Ministerio para retomar la relación con todos nosotros», ha añadido.

García dice que ha hecho su trabajo

Mónica García, por su parte, ha reclamado a las comunidades autónomas que se impliquen en aquellas reivindicaciones del colectivo médico que exceden las competencias del Ministerio y que considera fundamentales para resolver el conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco.

Antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), García aseguró que su departamento ya ha incorporado al texto todas las medidas que dependen de la Administración General del Estado. Según explicó, las cuestiones que siguen pendientes corresponden al ámbito autonómico. Entre ellas citó aspectos como la retribución de las guardias, la participación de los médicos en los órganos de negociación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, la limitación de las horas de guardia y la regulación de la jornada laboral ordinaria.

La ministra defendió que el Consejo Interterritorial es el foro adecuado para avanzar hacia una mayor homogeneización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en todo el país. Asimismo, rechazó las críticas de algunas comunidades que atribuyen al Ministerio la mayor parte de las reivindicaciones planteadas por los facultativos.

En este sentido, sostuvo que el nuevo Estatuto Marco actualiza una normativa que había quedado obsoleta y que introduce límites a situaciones denunciadas durante años por el colectivo médico, como el exceso de guardias, la precariedad laboral o los largos periodos entre convocatorias de procesos selectivos.

García insistió en que las comunidades autónomas tienen margen para aplicar mejoras laborales y recordó que algunas ya han puesto en marcha medidas como la jornada de 35 horas. A su juicio, son los gobiernos autonómicos quienes cuentan con herramientas clave para avanzar en la resolución del conflicto, mientras que el Estatuto Marco debe servir para garantizar unas condiciones básicas comunes para todos los profesionales sanitarios, con independencia del territorio en el que ejerzan.