Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado
El estatuto marco y las exigencias médicas agitan la reunión de Sanidad y comunidades
El anteproyecto continúa abierto a modificaciones mientras permanezca vigente el periodo de audiencia pública, que finalizará el próximo día 26
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reunido este miércoles a las comunidades autónomas con el objetivo de analizar junto a ellas el polémico anteproyecto del estatuto marco y recabar su postura sobre varias de las principales demandas planteadas por los médicos, cuestiones que, según el departamento que dirige, no pueden incorporarse a la norma al tratarse de competencias autonómicas.
La reunión se celebra en un momento de máxima tensión en torno a esta reforma, cuya negociación se prolonga desde hace tres años. La controversia se ha intensificado en los últimos días después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada el texto sin contar con el respaldo de los sindicatos médicos, que mantienen su rechazo y afrontarán el próximo lunes la quinta jornada de huelga convocada este año.
El anteproyecto continúa abierto a modificaciones mientras permanezca vigente el periodo de audiencia pública, que finalizará el próximo día 26. Sin embargo, las críticas no proceden únicamente del colectivo médico. También los sindicatos de clase que participaron en las negociaciones con el Ministerio han mostrado su desacuerdo con el contenido del documento.
En este sentido, Satse, UGT y CSIF denunciaron el pasado viernes que durante la tramitación se han dejado fuera cuestiones que consideran relevantes, entre ellas la jubilación parcial y la anticipada mediante coeficientes reductores. Asimismo, censuraron cambios que afectan a aspectos salariales, como los trienios correspondientes a categorías superiores obtenidas mediante promoción interna.
La oposición al texto también se ha extendido a buena parte de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular. Desde esta formación se ha reclamado al Ministerio que retire el anteproyecto y vuelva a iniciar las negociaciones «de cero».
Con vistas al encuentro de este miércoles, los consejeros autonómicos mantuvieron el martes una reunión preparatoria para intentar fijar posiciones comunes. Así lo explicó el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, quien señaló que los asuntos incluidos en el orden del día del Consejo Interterritorial pertenecen, conforme a la normativa vigente, al ámbito de la negociación colectiva. Por ello, cuestionó que dicho órgano tenga competencias para adoptar determinadas decisiones en esta materia.
Mientras tanto, la ministra insiste en que «la llave» para resolver el conflicto se encuentra ahora en manos de las comunidades autónomas. A juicio de García, el «Ministerio ya ha hecho su trabajo» al incorporar al anteproyecto aquellas reivindicaciones médicas que entran dentro de sus competencias mediante un capítulo específico. Las demandas pendientes, como la retribución de las horas de guardia por encima de la jornada ordinaria o la implantación generalizada de las 35 horas semanales, corresponden a las administraciones autonómicas.
Por este motivo, tras presentar el contenido del anteproyecto a los consejeros, la titular de Sanidad pretende que estos se pronuncien sobre varios asuntos concretos mediante acuerdos de carácter decisorio. Entre ellos figuran la fijación de un límite máximo para las jornadas de guardia, la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales, la mejora de la remuneración de las guardias y la constitución de mesas de negociación específicas para los médicos.
Además de estos puntos, el orden del día incluye un bloque de recomendaciones. Una de ellas plantea una reducción progresiva de la jornada máxima semanal; otra aborda la clasificación profesional del personal sanitario; y una tercera se refiere a la participación de los médicos dentro del sistema.
La reunión también prevé analizar dos nuevas iniciativas. La primera contempla la creación de un grupo de trabajo destinado a estudiar la organización laboral en los centros del Sistema Nacional de Salud. La segunda busca impulsar medidas orientadas a reducir la carga burocrática que soportan los profesionales en su actividad asistencial diaria.
Desde varias comunidades autónomas ya se han escuchado críticas contundentes. El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, calificó la convocatoria del Interterritorial como una «auténtica tomadura de pelo». Según informó la Junta de Andalucía, Sanz reclamó a la ministra que vuelva a «recuperar un diálogo real con los profesionales», al considerar que «el problema sigue abierto».
En términos similares se expresó la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute. La responsable autonómica manifestó su deseo de que las comunidades, «independientemente del color político», sean capaces de «reparar» este miércoles «el disparate» que, en su opinión, ha cometido el Ministerio con el estatuto marco. Matute sostuvo además que se trata de «un error» cuya solución corresponde exclusivamente a la ministra y que ahora pretende trasladar a las autonomías.
