Vox presenta una enmienda a la totalidad contra la ley LGTBI asturiana y la califica de «disparate legislativo»

El Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley LGTBI impulsado por el Gobierno asturiano, al considerar que se trata de una norma «innecesaria, ideológica y profundamente invasiva» que pretende imponer una visión concreta de la sociedad desde las instituciones públicas.

El parlamentario Javier Jové anunció hoy la iniciativa en rueda de prensa y cargó duramente contra el texto, que parte de planteamientos ideológicos alejados de la realidad biológica y científica, elaborado desde el activismo en lugar de desde criterios técnicos y profesionales.

«Estamos ante una ley subjetivista, una ley sexoplanista que niega la realidad material y biológica. Afirma que el sexo es un constructo social y ha sido elaborada por activistas mientras se excluía a los expertos», señaló.

El parlamentario aseguró además que las evidencias científicas más recientes y la evolución de la legislación en otros países occidentales cuestionan el enfoque adoptado por el Gobierno asturiano. «Los países que fueron pioneros en estas políticas están reculando a la vista de los nuevos informes científicos y de las nuevas evidencias. Se están dando cuenta de que esto es una auténtica temeridad y de que se está haciendo un flaco favor a adolescentes y jóvenes», afirmó.

Jové denunció también el carácter expansivo de la norma, que a su juicio extiende sus efectos a prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. «Es una ley absolutamente totalitaria. Lo invade todo: educación, sanidad, cultura, deporte, medios de comunicación, familia, infancia, juventud, servicios sociales, cooperación internacional o administración local. Se entromete en absolutamente todo», sostuvo.

Entre las cuestiones más preocupantes para Vox, el diputado destacó las obligaciones que la ley impone a empleados públicos, centros educativos, empresas y medios de comunicación. «La ley incorpora planes de formación obligatoria, protocolos internos, sellos de adhesión ideológica y mecanismos de control que buscan imponer una determinada visión del mundo desde la Administración», explicó.

Jové mostró una especial preocupación por las disposiciones relativas a los medios de comunicación, que a su juicio pueden afectar a la libertad de información y de expresión. «Esta ley incorpora medidas que permitirían exigir la retirada de contenidos por considerarlos contrarios a la ideología oficial que promueve el texto», afirmó.