Mónica García prioriza el manual de la eutanasia mientras sigue abierto el conflicto con los médicos

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes su millonaria inversión para seguir invirtiendo en la cultura de la muerte. En concreto, tal como ha detallado al término del Consejo la ministra de Sanidad, Mónica García, el pleno ha aprobado la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, que recoge todas las aportaciones presentadas por las comunidades autónomas, y que ha contado con un único voto en contra de la Comunidad de Madrid. Su debate llegó a un Interterritorial de abril apenas quince días después de que la joven Noelia Castro recibiera la eutanasia.

En total, este Consejo ha aprobado la inversión de más de 235 millones para fortalecer la Atención Primaria y la salud bucodental y para reforzar distintas prestaciones, estrategias y servicios del Sistema Nacional de Salud durante el ejercicio presupuestario 2026.

Por su parte, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado su malestar con este pleno que no ha abordado el estatuto marco que cuenta ya con 14.000 alegaciones.

El consejero de Sanidad de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha acusado a la ministra de «estar feliz y a gusto con el conflicto» y de no querer negociar, y le ha recordado que pese a que ha habido un acuerdo con el sindicato de médicos, «los paros no han cesado porque la petición es un estatuto marco propio».

«Retirar el Estatuto Marco significa no mejorar las condiciones laborales de los profesionales, (...) que nos quedemos con el Estatuto Marco del Partido Popular del año 2003 (...), retirar los tres años de trabajo (...). Significa quedarnos en un 'statu quo' que mantendría todos los elementos que son de malestar por los cuales se están manifestando los profesionales», ha aseverado.

García ha reprochado a las comunidades autónomas que, en el último CISNS, centrado en el Estatuto Marco y la huelga médica, «decidieron no desbloquear el conflicto» cuando tenían la «oportunidad» de votar a favor de las medidas reivindicadas por los profesionales, que son «competencia exclusiva» de las CCAA.

Como ha recordado, el Estatuto Marco «lo único que hace es armonizar» las «condiciones de base» entre profesionales de diferentes comunidades y, a partir de ahí, son estas las que tienen que «invertir» y «poner recursos» para que «puedan trabajar mejor, estar mejor remunerados y trabajar con mayor calidad».

«Si de eso es de lo que se quieren escaquear o quieren hacer el avestruz las comunidades autónomas, entonces habrá que pedirle responsabilidades a las comunidades autónomas de por qué después de 23 años no quieren mejorar las condiciones laborales de los profesionales», ha criticado.