El Tribunal de Cuentas señala a Sanidad por negarse a declarar cuántos inmuebles tiene

El Tribunal de Cuentas ha corregido al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García, al considerar que debe participar en el Plan de Optimización del Patrimonio de la Seguridad Social y advertir de que su exclusión impide elaborar un diagnóstico completo del estado de los inmuebles que integran este patrimonio público.

Así consta en un informe de fiscalización aprobado el pasado 28 de mayo, en el que el órgano fiscalizador analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en un anterior informe sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social y la aplicación de las medidas adoptadas desde entonces.

Durante la fiscalización, el Tribunal solicitó información a las distintas entidades gestoras de la Seguridad Social sobre la aplicación del Plan de Optimización del Patrimonio. Con carácter general, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicaron que estaban ejecutando las actuaciones previstas.

Sin embargo, el INGESA y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) sostuvieron que dicho plan «no les resultaba de aplicación al no depender orgánicamente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones», sino de otros departamentos ministeriales, por lo que se negaron a declarar cuántos inmuebles gestionan.

El Tribunal de Cuentas rechaza esa interpretación y recuerda que el patrimonio de la Seguridad Social constituye un patrimonio único cuya titularidad corresponde a la TGSS, con independencia del ministerio del que dependan los organismos que utilizan esos inmuebles. Asimismo, subraya que tanto el INGESA como el IMSERSO mantienen la condición de entidades gestoras de la Seguridad Social, por lo que les resulta aplicable la normativa que regula este patrimonio.

En consecuencia, considera que el Plan de Optimización debe aplicarse a todas las entidades usuarias de inmuebles de la Seguridad Social «sin que sea determinante el departamento ministerial del que dependan orgánicamente», al entender que es la TGSS la que ostenta las competencias necesarias para garantizar su ejecución.

El órgano fiscalizador advierte de que la posición mantenida por el INGESA y el IMSERSO tiene consecuencias prácticas para la gestión del patrimonio inmobiliario, ya que imposibilita realizar un diagnóstico general del conjunto de los inmuebles de la Seguridad Social, uno de los principales objetivos perseguidos por el citado plan de optimización.

Además, el Tribunal señala que, incluso entre las entidades que sí aplican el plan, todavía existen importantes carencias. En concreto, indica que los servicios centrales de varias de ellas aún no habían elaborado o remitido los informes relativos al estudio de los inmuebles en uso administrativo, las necesidades futuras de espacios, la identificación de edificios que ya no resultan necesarios o los gastos que generan esos inmuebles.