El Tribunal de Cuentas desmonta el discurso de Sánchez sobre la inversión en ciencia

«El Gobierno de España está apostando como nunca y con convicción por la ciencia y la innovación como guía de presente y de futuro», señaló en noviembre de 2025 la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Sobre el papel, las sucesivas declaraciones de Morant y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la gran inversión científica en España son una buena noticia. Sin embargo, el último estudio del Tribunal de Cuentas tumbaría este optimismo promovido por el Ejecutivo central.

En primer lugar hay que destacar la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), el principal instrumento con el que se planifican las políticas públicas de investigación, desarrollo e innovación en nuestro país. Para hacernos una idea, esta estrategia se encarga de fijar los objetivos, establecer las líneas de actuación prioritarias y determinar los mecanismos destinados a realizar el seguimiento y la evaluación de su aplicación, así como de los resultados obtenidos durante su vigencia.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas detalla en su último informe ¿Es adecuado el diseño y funcionamiento de la planificación estratégica en I+D+I? que la EECTI –correspondiente al periodo 2021-2027– cuenta con una serie de «carencias y aspectos a mejorar» que afectan a elementos esenciales de la planificación. En concreto, el organismo señala que dichas deficiencias se deben a la «falta de concreción de los objetivos, su correspondencia con los indicadores utilizados y su cuantificación en metas a alcanzar».

El análisis pone de manifiesto que estos instrumentos reflejan una eficacia «limitada por centrarse en datos presupuestarios o de gestión y no en el seguimiento de los objetivos de carácter estratégico, ni en proponer mejoras relevantes para su consecución» , por lo que analizar el impacto de los distintos anuncios del Gobierno se convierten en una tarea extremadamente complicada.

A la vista de este informe de fiscalización, el organismo recomienda «mejorar la planificación estratégica en I+D+I fijando objetivos estratégicos claros, indicadores y métodos de cuantificación útiles y fiables, así como metas intermedias y finales». Para ello, aconseja específicamente el diseño de «una metodología para medir cómo contribuyen las actuaciones realizadas en la consecución de cada objetivo estratégico», con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.

Por otra parte, el informe analiza el marco presupuestario previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta disposición contempla un incremento progresivo de los recursos destinados a los agentes públicos con el propósito de alcanzar una financiación equivalente al 1,25 % del PIB en 2030.

Sin embargo, el órgano fiscalizador advierte de que, si se excluyera la aportación procedente de esos fondos europeos, «la financiación disponible rondaría el 1 % y, en concreto, en 2024 el 0,97 %», una cifra inferior al objetivo previsto para el final de la década.

Por lo tanto, alcanzar el objetivo del 1,25 % del PIB en 2030 «supondría aumentar en torno al 30 % el esfuerzo presupuestario en 2030», lo que obligaría a buscar vías alternativas de ingresos. Por ello, la institución aconseja «valorar otras fuentes de financiación alternativas a los fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) antes de que finalice».