El Tribunal de Cuentas avisa de las «deficiencias» para homologar títulos universitarios

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha advertido este martes de la existencia de «deficiencias estructurales y operativas» en el procedimiento de homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, un trámite que resulta clave para que determinados profesionales puedan ejercer en España cuando su formación procede de otros sistemas educativos.

Chicano ha comparecido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha defendido la relevancia de este proceso. «La homologación es el reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero equiparable a la exigida para obtener un título español que habilita para el ejercicio de una profesión. Su importancia es evidente», ha señalado durante su intervención.

La responsable del órgano fiscalizador ha subrayado que este procedimiento no se limita a una cuestión administrativa, sino que incide directamente en derechos e intereses individuales, así como en ámbitos de especial impacto social y económico. En concreto, ha avisado de que «afecta a derechos e intereses individuales, a la movilidad internacional, al ejercicio profesional y también a la atracción de talento y a la cobertura de necesidades profesionales cualificadas».

La comparecencia ha servido para presentar el informe de fiscalización titulado ¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?, aprobado el pasado año. El documento examina las medidas impulsadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para mejorar la gestión de estas solicitudes y corregir los retrasos acumulados.

Según ha explicado Chicano, el informe analiza si las actuaciones desarrolladas han permitido ganar eficacia y agilidad en el procedimiento, si se ha cumplido la normativa aplicable y si las personas interesadas pueden conocer de manera adecuada el estado de sus expedientes. También evalúa si la planificación y los recursos disponibles resultan coherentes con los objetivos perseguidos y si los sistemas de información facilitan una gestión ágil, eficiente y transparente.

Las conclusiones, ha indicado la presidenta del Tribunal de Cuentas, reflejan carencias relevantes en el funcionamiento del sistema. Aun así, ha destacado como elemento positivo que la tramitación electrónica «ha evitado la acumulación de expedientes en papel de la anterior normativa», lo que supone una mejora frente al modelo anterior.

Sin embargo, entre los puntos negativos, Chicano ha señalado «una regulación insuficiente de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como de la representación de aprobación o actualización de las listas de profesiones reguladas». Además, el informe constata el «incumplimiento» del plazo máximo legal de seis meses para resolver los expedientes, ya que «la media observada fue de 212 días».

Ante esta situación, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha insistido en que «sigue siendo necesario un esfuerzo decidido para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal». También ha advertido de que «la ausencia de manuales integrales de procedimiento dificulta la homogeneidad y eficacia de la tramitación», una carencia que afecta a la organización interna y a la coherencia en la resolución de solicitudes.

Durante el debate parlamentario, la senadora del Grupo Popular Raquel González Benito ha sostenido que «el verdadero reto no está en diseñar políticas públicas, mil políticas públicas», sino en acreditar que esas medidas tienen efectos reales. En sus palabras, «el verdadero reto está en demostrar que funcionan».

La parlamentaria popular ha considerado que, en este caso, el desafío no consistía únicamente en aprobar una nueva regulación para agilizar las homologaciones. «El reto realmente era demostrar que funcionaría», ha afirmado, antes de concluir que la norma «no ha cumplido los objetivos para los que fue creada». González Benito ha remarcado que «queda patente que no ha cumplido los objetivos».

Desde el Grupo Socialista, el senador José Entrena Ávila ha defendido una lectura distinta de los datos. Ha celebrado que, «por primera vez, el número de resoluciones ha llegado a superar al de nuevas solicitudes, lo que indica que las medidas adoptadas comienzan a dar resultados». A su juicio, esa evolución permite apreciar avances en la tramitación.

Entrena Ávila también ha vinculado la mejora del procedimiento a la digitalización y al nuevo marco normativo. «Asimismo, la implantación del nuevo marco normativo y la digitalización del procedimiento ha facilitado el acceso y han incrementado el número de solicitudes, lo que demuestra que España resulta más atractiva para profesionales cualificados», ha añadido.

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha recordado que el sistema arrastra desde hace años una acumulación de expedientes pendientes difícilmente compatible con una administración eficaz. En relación con el informe, ha indicado que «durante años se acumuló una bolsa de expedientes pendientes incompatible con una administración moderna».

Aizcorbe ha insistido en que los retrasos prolongados generan consecuencias tanto para quienes esperan la homologación como para el conjunto de la sociedad. «Un procedimiento concebido para resolverse en unos meses no puede prolongarse durante años sin causar un perjuicio evidente tanto a los interesados como a la propia sociedad», ha subrayado.

También ha intervenido la diputada de Sumar Engracia Rivera, que ha puesto el foco en los tiempos de resolución. A su juicio, «es un problema» la duración de los plazos para cerrar los expedientes. Rivera ha recordado además las protestas de personas afectadas por estos retrasos: «Hemos visto a colectivos de personas migrantes con titulaciones universitarias sin homologar en las puertas de este Congreso protestando por la falta de respuesta en cuanto a esas homologaciones», ha indicado.