Sanidad adjudica por 44 millones las ambulancias de Ceuta a una empresa con un historial de conflictos laborales

El Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García, a través de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), tiene externalizado el servicio de transporte sanitario terrestre para enfermos de Ceuta y Melilla con una empresa señalada por varios conflictos laborales en el pasado.

En concreto, tal y como ha podido comprobar El Debate en la Plataforma de Contratación del Estado, el departamento que rige García ha contratado a Ambulancias Tenorio e Hijos S.L.U. por 16.027.781 euros, con un valor estimado de 44.630.058 euros.

Según consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el contrato tiene como objeto «la gestión del transporte sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano e interprovincial, para el traslado de enfermos a los que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta en vehículos especialmente acondicionados al efecto».

Asimismo, se incluyen los «servicios preventivos que se soliciten por parte de la Dirección Territorial destinados a dar cobertura en eventos públicos con riesgo de incidencias de tipo sanitario, con un máximo incluido en este contrato de cinco eventos anuales». Entre estos eventos públicos se destacan los destinados a visitas de autoridades o personalidades públicas, festejos de especial relevancia en términos de consecuencias de orden sanitario o acontecimientos con gran afluencia de personas.

La empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio e Hijos, no ha estado exenta de polémicas en los últimos años. En primer lugar, en el año 2022, Comisiones Obreras denunció a esta empresa por las condiciones laborales a las que se sometían los trabajadores de la misma, después de que en el año 2020 el Gobierno de Extremadura optase por rescindir el contrato con Ambulancias Tenorio tras las sospechas vertidas sobre la calidad del servicio y los «reiterados» accidentes sufridos.

Según el citado sindicato, la compañía cometió un fraude de ley a la hora de forzar a los empleados a doblar turnos para combinar ambas prestaciones de distinta naturaleza en una misma jornada laboral sin respetar los tiempos de conducción ni de descanso. Además, en el escrito acusaba a la empresa de «poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores».

Ahora, en 2026, la Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) sostiene que la empresa adjudicataria no había puesto en servicio en plazo las mejoras comprometidas en el nuevo contrato, especialmente la nueva flota. El sindicato llegó a señalar contradicciones entre lo anunciado por INGESA y lo comunicado por la empresa.

Por otro lado, UGT denunció que Tenorio no estaba aplicando correctamente el artículo 14 del convenio regional en materia de vacaciones y afirmó que Inspección de Trabajo había dado la razón a la representación de los trabajadores y requerido a la empresa.