Golpe del propio Gobierno a Mónica García: Hacienda y Economía cuestionan el Estatuto Marco y exigen cuantificar su coste

Ya no solo lo denuncian los médicos, ahora también se suma el propio Gobierno. Los ministerios de Economía y Hacienda han cuestionado varios aspectos del proyecto de ley del Estatuto Marco que la ministra de Sanidad quiere imponer a todos los sanitarios. Los informes elaborados por ambos departamentos ponen el foco en la ausencia de una estimación detallada de los costes de personal y de financiación que deberían asumir las propias comunidades.

Se trata de un nuevo varapalo para Mónica García, que ya no solo se enfrenta a sus propios compañeros -que amenazan con una huelga indefinida-, sino que ahora recibe críticas de su propio Ejecutivo por haber presentado una reforma que no tiene claros ni detallados los impactos económicos.

El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, firmado el 24 de julio de 2026, recogido como uno de los más contundentes, señala que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al proyecto de García no recoge «ningún análisis sobre la incidencia en costes de personal» y rechaza las explicaciones ofrecidas por Sanidad para justificar la ausencia de una estimación.

En este sentido, el departamento de Arcadi España revela en el documento que estas justificaciones «no pueden aceptarse», ya que es el propio anteproyecto el que «sienta las bases legales de un nuevo marco jurídico básico para el personal estatutario». Además, señala que la existencia de estructuras diversas en la organización, la gestión de los recursos humanos y las retribuciones complementarias de los distintos servicios de salud, no debería ser un «obstáculo para que la MAIN incorpore una estimación precisa a partir de los datos actuales».

Hacienda reclama también que se cuantifique el coste autonómico y la financiación estatal para compensar los posibles incrementos de gasto que puedan tener las comunidades autónomas. Asimismo, exige que el análisis contemple los efectos sobre los ejercicios presupuestarios futuros.

Además, afirma que en conjunto, la MAIN opta por una «descuantificación» completa del impacto presupuestario del Estatuto Marco, lo que, a juicio del Ministerio de Hacienda supone «un retroceso desde el punto de vista metodológico, al impedir su adecuada evaluación».

El informe enumera además distintas medidas del anteproyecto que pueden tener un impacto directo sobre el gasto. Entre ellas menciona las modificaciones de la jornada del personal estatutario -que incluyen ajustes, ampliaciones, reducciones o redistribuciones de jornada que afectan directamente al volumen de horas retribuidas y, por tanto, al gasto de persona-, y las medidas de movilidad, que podrían exigir refuerzos de plantilla, nuevas coberturas y gastos asociados a formación, desplazamientos y reorganización de los servicios.

Refiriéndose al impacto económico por comunidades, el Ministerio de Hacienda expresa que es esencial que en las medidas del anteproyecto se incluya un estudio aproximado sobre los gastos de personal que generaría el Estatuto Marco y el impacto presupuestario en las comunidades autónomas.

El informe también pone el foco en las reclasificaciones profesionales y las modificaciones retributivas previstas en el anteproyecto. Hacienda considera que estas medidas pueden traducirse en incrementos de costes y rechaza que su cuantificación pueda aplazarse hasta el posterior desarrollo de la ley. «Dado que se trata de un punto esencial del nuevo sistema no puede demorarse la cuantificación del incremento», señala el documento.

Por último, el departamento de Arcadi España recuerda que el sector sanitario es «uno de los ámbitos del sector público» en los que la reducción de la jornada tiene «una repercusión automática» en el gasto de personal debido al aumento de nombramientos y contrataciones para sustituir la jornada que deja de realizar el personal existente.

Economía se une a la crítica

El Ministerio de Hacienda no ha sido el único que denuncia el Estatuto Marco de Mónica García. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa también critica la forma en la que el Ministerio de Sanidad ha elaborado y pensado su proyecto de ley.

En un informe firmado el 29 de junio de 2026, el departamento de Carlos Cuerpo pide actualizar la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y reclama que Sanidad debe añadir las alegaciones que a tal efecto se hayan recibido.

El ministerio también llama a tener en cuenta los recursos humanos, materiales, impacto organizativo y asistencial de la adaptación y el coste económico en relación con el presupuesto para cada servicio sanitario.

En cuanto a la reducción de jornada, señala que se debería especificar «con mayor concreción su encaje» con las «definiciones de jornada ordinaria y jornada de guardia, y su posible afectación en el impacto presupuestario».

Sin embargo, al igual que en Hacienda, la principal crítica está en la ausencia de cuantificación. Por ello, Economía señala en su informe que Sanidad «lleva a cabo un análisis de las medidas que podrán tener impacto, sin cuantificarlo» y justifica esta ausencia de estimaciones por la «heterogeneidad de situaciones organizativas y modelos de gestión existentes».

Por último, el Ministerio de Economía advierte que si no es posible cuantificar el impacto presupuestario, al menos pueda ser asumido «sin necesidad de modificaciones presupuestarias». A pesar de ello, ve previsible que se notifiquen modificaciones presupuestarias por parte de las administraciones públicas, especialmente sobre los presupuestos de las comunidades autónomas. Por todo ello, Economía considera «adecuado» que Sanidad realice la estimación, aunque sea mediante cálculos aproximados.