La ley de dependencia y discapacidad vuelve al Congreso enmendada por el PP en el Senado

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aunque el texto tendrá que regresar al Congreso para su aprobación definitiva después de que el PP, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, haya incorporado varias enmiendas durante su tramitación.

La iniciativa, que se ha debatido por el procedimiento de urgencia, ha salido adelante con 235 votos a favor y 23 abstenciones. Los populares han alcanzado acuerdos con Vox, Junts, PNV y BNG para introducir algunas modificaciones en la norma aprobada por el Congreso el pasado mes de julio.

Durante el debate, el Gobierno presentó un escrito de disconformidad contra dos enmiendas promovidas por Junts al considerar que suponían un incremento presupuestario. Sin embargo, la Mesa del Senado, haciendo uso de la mayoría del PP, levantó el veto y permitió que ambas propuestas continuaran su tramitación.

La reforma contempla una ampliación de los derechos, servicios y prestaciones destinados a las personas en situación de dependencia y discapacidad, además de una reducción de la burocracia. Entre otras medidas, elimina incompatibilidades, reconoce la accesibilidad universal como un derecho e incorpora de forma expresa el derecho a la autonomía personal, en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución.

El texto aprobado inicialmente en el Congreso incluía además un incremento de 6.200 millones de euros en la financiación del sistema para 2026 y 2027. Esta cantidad permite duplicar las aportaciones mensuales del Estado a las comunidades autónomas y establece por ley el objetivo de que la Administración central financie el 50 % del coste del sistema de dependencia.

El PP reivindica sus cambios y la oposición critica el trámite

El PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para introducir medidas como garantizar las mismas ventajas fiscales para personas con el mismo grado de dependencia o discapacidad, reducir al 4 % el IVA de las adaptaciones de viviendas y vehículos y asegurar que el Estado asuma el 50 % del gasto en dependencia y discapacidad en todas las comunidades autónomas.

La senadora popular Cristina Casanueva ha defendido que «los derechos sin financiación es hipocresía social» y ha criticado que la reforma se haya tramitado por la vía de urgencia y en pleno verano.

El PSOE, por su parte, ha reclamado recuperar el texto aprobado en el Congreso. La senadora Marta Arocha ha defendido que la norma amplía servicios como el acompañamiento y los cuidados fuera del entorno familiar y ha negado que carezca de financiación.

Desde Junts, Francesc Xavier Ten ha celebrado que se garantice como «irreversible» la financiación estatal del 50 % para Cataluña y el respeto a sus competencias en materia de derechos sociales, en un territorio donde, según ha señalado, unas 80.000 personas se encuentran en lista de espera.

Vox ha rechazado la inclusión de conceptos como la «perspectiva de género» o la «identidad sexual» y ha reclamado criterios comunes para todo el territorio. ERC ha destacado que durante dos décadas el Estado no habría aportado el 50 % de la financiación prevista, mientras que PNV y BNG han cuestionado el procedimiento de urgencia.

Sumar, finalmente, ha respaldado la reforma, pero ha acusado al PP de utilizar su mayoría para aprobar sus enmiendas junto a las de Junts, PNV y BNG por motivos de «aritmética política».