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Bandera de Andorra en un paraje del PrincipadoGetty Images/iStockphoto

El español gana terreno en Andorra pese a las exigencias de su Gobierno para conocer el catalán

El castellano es ya la lengua materna de cerca del 47 % de la población, mientras que el catalán retrocede y el castellano se corona como el idioma más utilizado en el hogar

El Principado de Andorra, de apenas 468 kilómetros cuadrados, se encuentra enclavado en la montaña entre España y Francia. Esta ubicación le confiere una multiculturalidad única y una forma de Estado peculiar, en la que los copríncipes son el Obispo de Urgel por la parte española y el presidente de la República Francesa por el lado galo.

La lengua oficial de este pequeño país es el catalán, aunque la realidad es que, debido a la diversidad de la población, el uso del castellano, el francés y el portugués está muy extendido. No obstante, el uso del idioma oficial va en claro retroceso pese a los esfuerzos del gobierno andorrano de imponerlo en la sociedad.

La última encuesta de 'Conocimientos y usos lingüísticos de la población de Andorra' estima que el catalán es la primera lengua de uso habitual para un 55,9 % de los encuestados en las relaciones con otras personas, mientras que para un 55 % lo es castellano. El dato supone un retroceso del catalán de casi 8 puntos, ya que en la última encuesta llevada a cabo en 2022, el catalán era la primera lengua para un 63,7 % de los encuestados y solo el 48,6 % optaba por el castellano.

El catalán es conocido con un 7,9 de media en una escala de 0 a 10, en el caso del castellano el resultado es de 9,4 mientras que el inglés se sitúa en tercer lugar como lengua más conocida, seguida del francés y el portugués. Los datos también apuntan que el castellano es la lengua más utilizada en casa (38,8 %), seguida del catalán con un 31,9), mientras que el catalán es la lengua preferente de transmisión de padres a hijos, con un 56,7%, 12 puntos por encima del castellano.

En el caso de la lengua de relación con los amigos, el castellano se sitúa en primer lugar (38,2 %), seguida del catalán (34,7 %), el portugués (3,3 %) y el francés (1,8 %), mientras que en 2022 el catalán se sitúa en primer lugar (41,4 %) y el castellano en segundo (30,7 %). En cambio, el catalán sigue siendo la lengua más utilizada en el trabajo en las relaciones externas (atención al usuario) con un 48,1 %, por delante del castellano (25,6 %) que en cambio es el más utilizado en las relaciones internas entre trabajadores (38,1 %).

Políticas que no funcionan

En 2024, el Principado aprobó una polémica ley de lengua propia y oficial que obligaba a acreditar un nivel mínimo de catalán para renovar el permiso de residencia. Asimismo, la norma también exigía que las empresas garantizaran la atención al público en catalán y que las administraciones promuevan obras audiovisuales en este idioma.

En cuanto al uso del catalán en los comercios, Andorra impuso su primera sanción en 2025 al detectar que un negocio no tenía los formularios de reclamaciones en catalán. Estas exigencias avanzaron también en materia de rotulación, de manera que el Gobierno andorrano imponía que el catalán dominase en las calles en lugar del castellano o el francés.

También se incluyó la obligación de que el personal sanitario acreditase un B2 de catalán para poder trabajar. Sin embargo, un año después, en 2025, el Principado comenzó a dar marcha atrás en esta medida concreta dada la falta de profesionales en el sector y la urgencia que tiene la sanidad andorrana por cubrir las vacantes. En concreto, comenzaron a permitir que médicos, enfermeros y demás profesionales sanitarios puedan trabajar hasta dos años sin necesidad de acreditar el conocimiento del idioma.

Los resultados de la encuesta de uso muestran que este tipo de imposiciones no parecen funcionar en la población, que continúa utilizando el español en la cotidianidad. Desde el ejecutivo andorrano, sin embargo, achacan el retroceso del catalán al aumento de la inmigración hispanohablante e indican que los resultados les empujan a seguir trabajando para garantizar el uso de la lengua propia y oficial. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, se muestra convencida de que con los años se podrán ver los frutos de la aplicación de la nueva ley, que tiene como objetivo «cambiar las tendencias de uso predominante del castellano».