Vista del pantano de la Baells (Barcelona)
Cataluña
La sequía empeora en Cataluña y el Govern decreta la fase 2 de emergencia en 12 municipios de Gerona
También se permite el uso de desalinizadoras privadas y se flexibilizan las restricciones para agricultura y ganadería
Una docena de municipios de la provincia de Gerona sufrirán más restricciones de agua por la sequía. De hecho, entrarán en fase 2 del estado de emergencia, lo que implica una limitación de consumo de agua de 180 litros por persona y día. Estos municipios están en la comarca del Alt Empordà y dependen del embalse Darnius Boadella, que se encuentra al 11% de su capacidad. Se trata, por ejemplo, de Figueres o de Roses. Desde el Govern aseguran que la situación de sequía «lejos de mejorar, empeora».
Así lo ha anunciado la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, tras la reunión de la comisión interdepartamental de la sequía. Las otras diez poblaciones afectadas, que en total suman algo más de 120 mil habitantes, son Vilamalla, Vila-sacra, Castelló d'Empúries, Cadaqués, Fortià, Santa Llogaia d'Àlguema, Riumors, Cabanes, Llers y el Far d'Empordà. Plaja ha asegurado que al haber bajado las reservas de agua en el embalse «supone un cambio de escenario respecto a la situación actual que había».
Desalinizadoras privadas
Esta comisión también ha autorizado que se pueda usar agua procedente de desalinizadoras privadas, siempre que sirvan para mantener la viabilidad económica de las empresas y los puestos de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, la industria, la agricultura o la ganadería. Los hoteleros de Lloret de Mar, por ejemplo, anunciaban hace unas semanas que iban a comprar una desalinizadora para poder llenar las piscinas de sus establecimientos. Y el agua sobrante, se vendería para que otros usuarios, otros vecinos, pudieran llenar las suyas.
El Govern, por otro lado, también ha recogido las demandas del sector agrícola y flexibiliza las restricciones para el uso del agua en la agricultura y la ganadería. Recordemos que estaban obligados a reducir en un 80% el riego agrícola y los ganaderos un 50% el consumo de agua. Ahora no estarán obligados a cumplir estos porcentajes, aunque eso sí, deberán pedir autorizaciones y elaborar planes de ahorro de agua.
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