Varios militares en una calle de Paiporta
Vox pide derogar la ley de cambio climático y el PP reclama que la ley de aguas proteja la vida
Los de Abascal reclaman que se impulse la construcción de infraestructuras vinculadas a todas las fuentes de energía disponibles, con el objetivo de reforzar la soberanía energética del país
El Grupo Parlamentario de Vox defenderá este lunes 16 de febrero en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que plantea un giro de calado en la política energética y climática vigente. La iniciativa persigue la derogación de la Ley de cambio climático y transición energética, así como del Pacto Verde Europeo, al considerar que ambas normas condicionan el desarrollo económico y energético de España.
La formación que lidera Santiago Abascal solicita que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a suprimir ese marco normativo y, en paralelo, a revertir las políticas encaminadas a configurar un mix energético «que garantice la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico, así como precios asequibles para los españoles». Con esta propuesta, Vox defiende una estrategia que priorice la autonomía energética nacional y la contención de los costes para hogares y empresas.
Asimismo, el grupo parlamentario reclama que se impulse la construcción de infraestructuras vinculadas a todas las fuentes de energía disponibles, con el objetivo de reforzar la soberanía energética del país. En este contexto, la iniciativa incluye el reconocimiento de la energía nuclear y del gas como «energías limpias y sostenibles». También plantea activar «todos los mecanismos necesarios» para frenar el cierre de centrales térmicas y proceder, en su caso, a la reconexión de aquellas que ya hayan cesado su actividad.
En el ámbito europeo, Vox propone que el Gobierno promueva una adaptación de las «imposiciones» en materia de emisiones de dióxido de carbono a las circunstancias específicas de España y de su tejido industrial. Según la formación, esta revisión permitiría avanzar hacia fuentes menos contaminantes sin poner en riesgo el empleo ni la generación de riqueza.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular llevará a la misma comisión distintas iniciativas centradas en la gestión del agua y la lucha contra la despoblación. En materia hídrica, los populares solicitarán que el Congreso inste al Ejecutivo a incorporar de manera expresa en la legislación la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como «prioridad legal» en la actuación del Estado en este ámbito, especialmente ante amenazas naturales como inundaciones o sequías.
En esa misma línea, el PP defiende la necesidad de garantizar una inversión «suficiente, planificada y prioritaria» en infraestructuras hidráulicas. Además, exige que la planificación y gestión del agua se apoyen en criterios científicos y técnicos rigurosos elaborados por profesionales cualificados de la administración pública, al tiempo que se asegure la participación ciudadana en los procesos correspondientes.
La despoblación constituye otro de los ejes de las propuestas populares. El grupo encabezado por Alberto Núñez Feijóo aboga por que el Congreso inste al Gobierno a desarrollar un marco integral de actuación contra este fenómeno y a promover el reequilibrio territorial mediante medidas de alcance estatal. También plantea que la acción política y normativa, incluida la de la Administración General del Estado, esté vinculada a la evaluación de su impacto en el territorio y en el medio rural.
Los diputados del PP piden, además, que se garantice la prestación de servicios básicos con financiación adecuada y con medidas orientadas a mejorar su eficacia y adaptación a las necesidades del ámbito rural. En concreto, reclaman que se asegure la atención y el despliegue prioritario de medios para mantener las funciones sociales esenciales, la seguridad y el suministro en municipios rurales en situaciones de catástrofe o emergencia.
Entre sus propuestas figura igualmente la puesta en marcha de un Plan Estatal de Vivienda específico para zonas rurales, destinado a atraer y fijar población mediante incentivos y ayudas a la rehabilitación y al incremento de la oferta de inmuebles. A ello suman la modernización de la red viaria, un plan de choque para mejorar la movilidad y una planificación coordinada de los nuevos mapas concesionales de transporte regular de viajeros por carretera, tanto de competencia estatal como autonómica.
Los populares insisten también en facilitar la conciliación de la vida personal y laboral en el mundo rural. Recuperan para ello medidas como la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años y la creación de espacios de conciliación en localidades sin escuelas infantiles. Asimismo, proponen desarrollar un Plan Nacional de Conectividad que garantice acceso a conexión de alta velocidad en todos los municipios rurales.
En la misma comisión se debatirá una iniciativa del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar orientada a impulsar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles. La formación que encabeza Yolanda Díaz plantea que el Congreso inste al Gobierno a diseñar una estrategia con medidas concretas para apoyar dicho tratado mediante la cooperación internacional, con el propósito de prevenir la expansión de los combustibles fósiles, desmantelar su infraestructura y reservas existentes y favorecer la transición hacia alternativas limpias y seguras.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista abordará en la comisión cuestiones como la renaturalización de las ciudades y el impulso de la energía agrovoltaica en España, dentro de un debate que reflejará las distintas visiones parlamentarias sobre el modelo energético y territorial del país.