Imagen de archivo de un satélite
ESCA+
Así funcionan los satélites que anticiparán incendios y desastres y cuestan 325 millones al Gobierno
Esta medida tendrá un impacto significativo en la industria espacial española, superando los 200 millones de euros en contratos entre 2026 y 2027
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que, a través de la Agencia Estatal Europea (ESA), se iba a lanzar una convocatoria para desarrollar lo que se conoce como la Constelación Atlántica de Satélites ESCA+, y cuyo coste ascenderá a 325 millones de euros.
Tal y como explicó el jefe del Ejecutivo en un foto económico, el objetivo de esta convocatoria es «construir tres nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y reforzarán la capacidad de respuesta ante eventos», previniendo así catástrofes naturales.
La monitorización se realizará en tiempo real, lo que permitirá anticipar fenómenos anómalos y recogerá información crucial durante situaciones de emergencia, útil para los servicios de protección civil, bomberos y otros equipos de intervención. Pero, ¿en qué consisten exactamente estos satélites?
Se trata de unos elementos cuyas cargas de pago, de en torno a 200 o 250 kilogramos (kg), podrán incluir cámara óptica de muy alta resolución (VHR), cámara térmica infrarroja (TIR), sensores para campos electromagnéticos (ELINT), un radar de apertura sintética (SAR) y posibles demostraciones tecnológicas como sistemas de comunicaciones seguras (inter-satellite link, QKD), deorbitado u otras.
Las imágenes de alta resolución y alta frecuencia obtenidas sobre España y Portugal permitirán, por ejemplo, cartografiar las zonas afectadas por desastres naturales y planificar con precisión operaciones de rescate o evacuación. Además la cámara térmica infrarroja será capaz de registrar el calor emitido por la superficie terrestre, el mar y la atmósfera, un elemento clave, ya que las altas temperaturas en determinadas condiciones pueden favorecer la formación de danas o incendios.
El sistema se completará con sensores de campos electromagnéticos, diseñados para monitorizar tormentas, y con radares de apertura sintética, que permitirán detectar movimientos de tierra y obtener imágenes incluso a través de las nubes.
Más de 200 millones en contratos
La inversión está orientada a empresas del sector espacial que colaboren con universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos, promoviendo así la transferencia de conocimiento y el desarrollo conjunto. La gestión de estos fondos correrá a cargo de la Agencia Espacial Española, con el respaldo de la Agencia Espacial Europea, mientras que su ejecución será coordinada por la Administración General del Estado, especialmente a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El modelo ESCA+ tiene como objetivo la creación de un ecosistema sostenible basado en la cooperación internacional, en el que cada país contribuya con uno o varios satélites y comparta los datos generados dentro de un sistema en red o clúster. En este contexto, la misión se integrará en uno de los clústeres del programa ERS de la ESA y formará parte de la iniciativa Earth Observation Governmental System impulsada por la Comisión Europea, reforzando así la capacidad de observación de la Tierra a nivel gubernamental.
Se estima que esta medida tendrá un impacto significativo en la industria espacial española, superando los 200 millones de euros en contratos durante el periodo 2026-2027. Además, se prevé un efecto directo en diversas comunidades autónomas con fuerte presencia en el sector, como Andalucía, Madrid, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Esta inversión se enmarca en la nueva Adenda DANA al Plan de Recuperación, aprobada por la Comisión Europea el 19 de septiembre. Esta actualización introduce el componente 32, denominado «Apoyo a la Recuperación y Resiliencia en respuesta a desastres naturales», con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
En total, la adenda contempla más de 1.240 millones de euros destinados tanto a la reconstrucción de los territorios afectados por la dana del 29 de octubre como a mejorar la resiliencia frente a fenómenos extremos y otros impactos derivados del cambio climático.
