¿Ha logrado Australia impedir que los menores accedan a las redes sociales?: qué funciona y qué no

Australia se ha convertido en permanente ejemplo cuando se habla de la protección de los menores en el entorno digital. En los últimos años, el país ha aprobado algunas de las normativas más estrictas del mundo para limitar el impacto de las redes sociales sobre niños y adolescentes. Ahora que España o Francia parecen que van a tomar medidas parecidas, la pregunta es si ha conseguido realmente que los menores no accedan a estas plataformas.

La respuesta corta es no del todo. Aunque el marco legal es ambicioso y ha obligado a las grandes tecnológicas a introducir cambios, el acceso de los menores a las redes sociales continúa siendo una realidad difícil de erradicar por completo. Más que una prohibición efectiva, Australia ha logrado elevar el nivel de control y de responsabilidad de las plataformas y de las familias.

El principal punto de inflexión llegó con la aprobación del Online Safety Act, una legislación que refuerza la protección de los menores frente a contenidos nocivos y obliga a las empresas tecnológicas a actuar con mayor rapidez ante denuncias. Esta norma otorga amplios poderes al regulador australiano, la eSafety Commissioner, para exigir la retirada de contenidos y sancionar a las plataformas que no cumplan.

Prohibición general

A diferencia de otros países, Australia no ha optado por una prohibición general del acceso a redes sociales por debajo de una edad concreta, como sí ocurre con el consumo de alcohol o tabaco. En su lugar, ha reforzado los mecanismos de verificación de edad, ha endurecido las condiciones de uso y ha señalado como responsables a empresas como Meta, TikTok o Snapchat.

Las plataformas están obligadas a establecer sistemas «razonables» para impedir el registro de menores por debajo de la edad mínima, generalmente los 13 años. El problema es que, en la práctica, estos sistemas siguen basándose en gran medida en la autodeclaración de la edad. Un simple cambio en la fecha de nacimiento basta para esquivar el control, algo que conocen bien los adolescentes australianos y que empezarán a conocer los del resto del mundo.

Permisividad de los padres

Según datos de organismos oficiales y estudios independientes, una parte importante de los menores de 13 años en Australia continúa utilizando redes sociales, a menudo con el conocimiento o la permisividad de sus padres. El control existe, pero no es infalible. Las autoridades lo asumen ya que la tecnología actual no permite una verificación de edad totalmente fiable sin entrar en conflictos serios con la privacidad.

La tecnología actual no permite una verificación de edad totalmente fiable

Donde sí se han producido avances es en la reducción del impacto de los contenidos dañinos. Australia ha obligado a las plataformas a mejorar los filtros, a retirar con mayor rapidez material relacionado con acoso, autolesiones o explotación infantil y a ofrecer herramientas de control parental más accesibles. En este terreno, el país ha marcado un estándar internacional que otros gobiernos observan con atención.

Salud mental

Esta situación se ha agravado en los últimos años ante el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes. Informes oficiales australianos vinculan el uso intensivo de redes sociales con ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en chicas jóvenes. Esto ha llevado al Gobierno a estudiar medidas aún más duras, como sistemas obligatorios de verificación de edad mediante documentos oficiales o servicios externos donde hay que grabarse un vídeo y fotografiar el DNI para conseguir el acceso como adulto.

En la práctica, la experiencia australiana demuestra que el problema no se resuelve solo con leyes. La educación digital, el papel de las familias y la presión social son las soluciones más directas (y complicadas) para atajar el problema. Las autoridades insisten en que el objetivo no es aislar a los menores del mundo digital, sino enseñarles a moverse en él con mayor seguridad y criterio.

Australia no ha conseguido cerrar por completo la puerta de las redes sociales a los menores, pero sí ha cambiado las reglas del juego. Ha elevado el coste legal y reputacional para las plataformas, ha reforzado la protección frente a contenidos dañinos y ha abierto un debate mundial sobre los límites del acceso infantil al entorno digital. Un modelo imperfecto, pero que marca el camino de lo que muchos países europeos empiezan ahora a plantearse.