Tomates cherry en un invernadero
Todo lo que implica el avance para ratificar el acuerdo de la UE con Marruecos sobre los cultivos del Sáhara
Los agricultores afectados insisten en que la problemática trasciende del perjuicio concreto para los tomates y los melones españoles
El trato de la Unión Europea (UE) con Marruecos para modificar su acuerdo comercial y así cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) está a un paso de su ratificación.
El Parlamento Europeo ha seguido los deseos del Consejo y ha aprobado la alianza. Las intentonas de los europarlamentarios españoles de PP y de Vox para sacar adelante objeciones que frenen este cambio que permite etiquetar como marroquíes las frutas y hortalizas cultivadas en el Sáhara Occidental han resultado insatisfactorias tras el rechazo de los socialistas.
El proceso –que todavía requiere una corroboración final– permitirá que empresas de Marruecos, la mayoría relacionadas con el rey Mohamed VI, exploten los terrenos ocupados del Sáhara e incluyan los frutos extraídos de estas tierras en el Acuerdo Euromediterráneo que otorga preferencia comercial en la UE al vecino del sur.
La colaboración precisa que los productos agrícolas protagonistas amparados por este beneficio son los tomates y los melones, aunque esta permisividad de la UE con Marruecos se ha recibido desde España como mucho más que un intercambio comercial.
El texto del acuerdo UE-Marruecos confía al país alauí el control del etiquetado de los productos del Sáhara Occidental que entrarán en Europa y ahonde que el bloque europeo financiará económicamente proyectos que dispararán la productividad agrícola de reino, centrándose en el agua o la energía. Las cesiones a Marruecos respecto al Sáhara han venido acompañadas de una importante decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China han dado el visto bueno con su abstención al texto impulsado por EE.UU. que toma como base la propuesta de autonomía marroquí sobre el Sáhara para solucionar este conflicto histórico.
Esta sucesión de acontecimientos han sido condenados en el campo español, que sufre advierte desde hace años de las consecuencias que tiene en los productores comunitarios y en los consumidores este abrazo a la agricultora marroquí. Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), en el caso de las exportaciones de tomate, la competencia principalmente marroquí ha provocado que la producción en España se haya visto reducida en un 31 % en los últimos 10 años y que la exportación a la UE también haya descendido un 25 %, pasando de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 toneladas en 2024, (excluyendo a Reino Unido), mientras que las importaciones comunitarias de tomate procedente de Marruecos han crecido un 42 % en los últimos diez años.
«La propuesta de la Comisión, avalada ahora por el Consejo y el Parlamento, contradice sentencias vinculantes del Tribunal de Justicia de la UE, que ha sido claro: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y así debe indicarse en los productos. Además, crea un precedente peligrosísimo: mientras la producción europea debe etiquetarse siempre con el país de origen, las importaciones podrían hacerlo con regiones inventadas a conveniencia, generando competencia desleal», condena COAG, que incide en que lo que se votaba «no era un tecnicismo, era decidir si Europa permite que un tercer país influya en nuestras normas internas de consumo, y si aceptamos normalizar la desinformación en el etiquetado alimentario».
Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, apunta que el Parlamento Europeo ha traicionado los intereses del sector agrario español y europeo al negar las objeciones planteadas por los eurodiputados Mireia Borrás y Jorge Buxadé (Vox) y por Carmen Crespo (PP) y Herbert Dorfmann, esta última por un solo voto: «La decisión de rechazar esta iniciativa debilita la legalidad, deja al sector expuesto a competencia desleal y pone en riesgo la transparencia del mercado. Es fundamental recordar que las sentencias del TJUE deben cumplirse, y este resultado las pone en cuestión».
«Asistimos a una de las decisiones más preocupantes que ha tomado el Parlamento Europeo en materia de consumo alimentario y agricultura. Una votación que ha salido adelante por un solo voto… y que evidencia la fragilidad de una propuesta legal que, directamente, engaña a millones de consumidores europeos», aseveró Andrés Góngora, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, que advirtió que la organización tratará de tumbar la revisión de este acuerdo de la UE con Marruecos en el que se reconoce abiertamente que esta excepción es fruto de negociaciones con el reino africano. «Es inadmisible que la Comisión Europea negocie con un tercero la aplicación de una sentencia del TJUE y que se permita ocultar el verdadero origen de los productos al consumidor europeo».