La UE agenda la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur sin temor a que la Justicia lo declare ilegal

La hoja de ruta de la Comisión Europea respecto a la alianza comercial con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) se presenta imparable.

La institución presidida por Ursula von der Leyen dividió el trato en dos partes, de manera que el aspecto comercial contra el que se han rebelado los agricultores y ganaderos europeos puede ser aplicado provisionalmente con el visto bueno del Consejo y una vez que los países del Mercosur lo acepten en sus parlamentos, sin esperar a la aprobación del Parlamento Europeo.

Estos avances ya se han dado en el escenario sudamericano, por lo que la Comisión tiene en su mano poner en marcha el plan de apertura comercial con Mercosur a expensas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la legalidad del pacto.

Según apuntan fuentes de la Comisión, la UE pretende que las transacciones con Mercosur bajo este nuevo marco comiencen entre mayo y julio, aunque el mes que se perfila como más probable es junio.

La activación de las operaciones amparadas bajo esta alianza, que presume de crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo al afectar a más de 700 millones de personas de ambas regiones, está prevista con anterioridad a que el TJUE –consultado por la Eurocámara– emita el dictamen que puede declarar ilegal el acuerdo.

Las fuentes de la Comisión consultadas por El Debate trasladan su total convicción en que la Justicia europea les dé la razón: «Tenemos confianza en que el acuerdo pueda funcionar entre mayo y julio, en junio sería lo más normal. Sería muy extraño que el TJUE rompa la jurisprudencia que siguió con un asunto similar como el de Singapur», que además de un intercambio comercial también comprende un apartado diferenciado de cooperación.

Desde el ente europeo reivindican la potestad para implementar la aplicación provisional sin esperar a la decisión del TJUE, que puede dilatarse hasta 2028. «Así lo dice el reglamento. Que la Comisión recurra a la aplicación provisional es totalmente legal y democrático», recalcan en el organismo.

La estrategia tomada por el Parlamento Europeo, que con su acción al TJUE evita tomar una posición hasta que la Justicia se pronuncia sobre la maniobra de la Comisión, se prevé que quede frustrada –al menos temporalmente– en junio.

Los valedores del trato insisten en que ofrecerá más bonanzas que inconvenientes y que se presenta como una gran oportunidad para mercados potenciales de gran volumen como Brasil; sin embargo, la sensación en los cultivos y las fincas españolas es totalmente opuesta, ya que consideran que los países del Mercosur, con costes inferiores y una ley más permisiva en aplicación de fitosanitarios, ejercerán una competencia desleal que hundirá sus precios en origen.

La Comisión Europea alude a que los sudamericanos que entren a competir al mercado del viejo continente lo harán bajo las mismas reglas, algo que, según indican, se vigilará con controles en aduana y mediante la aplicación de cláusulas de salvaguardia.

El mecanismo de protección para los productores europeos se activará en caso de que el volumen de importación aumente un 5 % en comparación con la media de los últimos tres años y a un precio inferior al 5 % del medio nacional; aunque líderes del Mercosur han insistido en dejar claro que «las salvaguardias no forman parte del acuerdo suscrito en Montevideo en diciembre de 2024». Este rechazo planteado desde Mercosur choca con la posición inquebrantable de la Comisión, que se aferra al «Pacta sunt servanda» (lo pactado obliga).