Aceitunas durante la campaña de recogida en España
Las dos velocidades del acuerdo con Mercosur: de la ilusión a los 15 años de espera para el aceite de oliva
La asimetría en los tiempos genera importantes incertidumbres para los supuestos beneficiarios del pacto
el pesimismo predomina en el sector agroalimentario nacional una semana y un día después de la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) por parte de la Comisión Europea.
El trato, cocinado durante más de 25 años y acelerado con motivo del complejo contexto geopolítico mundial y el enfriamiento de las relaciones con EE.UU., se destaca desde las instituciones como un fuerte impulso a las industrias automovilística y farmacéutica; aunque genera gran discrepancia en el campo, cuya importancia en España es superior a la media europea.
Los sectores vinculados a la agricultura y la ganadería 'victoriosos' por la imposición forzosa de la UE son escasos. El Gobierno de España ha insistido en los últimos meses en destacar las bondades de la alianza para dos producciones estratégicas en el país como son el vino y el aceite de oliva; sin embargo, esta expectativa, que sí convence a los vinícolas, no termina de cuajar entre los aceiteros y choca frontalmente con el rechazo de los grandes opositores al pacto, ganaderos y frutícolas.
«La diversificación de mercados es una prioridad estratégica para las bodegas españolas y el acuerdo con Mercosur nos permite avanzar en esa dirección y acercarnos a consumidores con los que, además, compartimos fuertes vínculos culturales e históricos y países en los que el vino no es un producto desconocido», destacó José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, con motivo de la puesta en marcha de las transacciones.
Los vitivinícolas defienden que la aplicación provisional del acuerdo traerá beneficios inmediatos y tangibles para el sector, especialmente mediante la eliminación progresiva de los aranceles del 18 % en Brasil y del 35 % en Argentina.
Este entusiasmo, que a priori se presumía también para los aceiteros, se topa con los desequilibrios del propio pacto que denuncian los agrarios españoles: los países del Mercosur ya pueden exportar aceite de oliva a la UE libre de aranceles, mientras que en el sentido inverso de exportación al bloque sudamericano se establece una desescalada progresiva de los aranceles para el aceite de oliva europeo durante un periodo de 15 años hasta su total eliminación. Para el aceite de orujo de oliva, el plazo de eliminación es de 4 años.
La asimetría genera importantes incertidumbres para los supuestos beneficiarios del pacto, ya que los miembros de Mercosur acceden al mercado europeo sin barreras arancelarias desde el primer día y el aceite de oliva español, teóricamente principal ganador en este nuevo escenario, necesitará 15 años para competir en igualdad de condiciones fiscales en el continente americano.
La sensación en la cuna del olivar es que los países de Mercosur no son, ni serán a corto plazo, grandes consumidores de aceite de oliva, por lo que entienden que la UE ha sacrificado buena parte de las producciones agrícolas y ganaderas en favor de otros intereses.
El plazo de liberalización arancelaria del vino embotellado es de 8 años; el porcino, según productos, oscila entre 8 y 10 años y los productos agrícolas transformados requerirán hasta 15 años.
Además de esta asimetría en los tiempos, el lamento en las explotaciones agrarias apunta a la diferencia en estándares medioambientales y de seguridad alimentaria que se aplican a los productores europeos y que difícilmente se controlarán en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los productores europeos señalan que Mercosur, al gozar de unos costes laborales considerablemente inferiores y una legislación en aplicación de fitosanitarios más permisiva, ejercerá una competencia desleal letal para el campo del viejo continente. El campo –que no se cree la eficacia de las cláusulas de salvaguardia planteadas– exige la rápida aplicación de las mismas por parte de la Comisión Europea, cuya popularidad está desplomada en las explotaciones tras la imposición de un acuerdo más que discutido y que apenas cuenta con apoyos en el sector.