El edificio fantasma del CSIC: nació con el boom científico de Zapatero y sigue sin uso veinte años después

«Cambio rascacielos de Nueva York por pinos de Cercedilla». Con esta idea presentó el arquitecto Ramón Fañanás el proyecto del Centro de Ciencias Ignacio Bolívar, en Cercedilla (Madrid), un edificio del Ministerio de Ciencia e Innovación concebido como espacio de investigación y divulgación científica en plena Sierra de Guadarrama.

El proyecto comenzó a gestarse hace veinte años, con el inicio de la planificación y los estudios previos de arquitectura. Fue en septiembre de 2006 cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inició los trámites para asumir el uso del edificio, impulsándose la rehabilitación del inmueble para convertirlo en un centro científico en entorno natural. En aquel momento, el entonces Secretario General del CSIC solicitó autorización para «la ocupación temporal» de los terrenos y el uso del edificio a favor de la entidad, cuya ocupación se haría efectiva a lo largo de 2008 por un plazo de 15 años.

En aquel momento, el entonces líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se jactó de incrementar un 25 % el presupuesto en I+D+i de cara al presupuesto de 2006, siendo la reorganización del propio CSIC y los distintos centros de investigación uno de sus objetivos. En el caso de Ignacio Bolívar, este edificio nació en pleno momento de optimismo inversor y expansión de infraestructuras científicas.

Una inversión millonaria en la sierra

El Centro de Ciencias Ignacio Bolívar cuenta con una superficie de terreno de 9.100 m², situándose en el paraje de El Ventorrillo, donde ya existían varias instalaciones científicas –como una estación biológica–. Esta reconversión acabaría teniendo lugar entre 2008-2012, cuando se realizaron las obras de adaptación, con una inversión pública cercana a los cinco millones de euros –según documentación oficial y referencias recogidas en el BOE–, destinada a transformar el edificio en un espacio operativo para estancias, reuniones científicas y actividad investigadora.

Aunque el edificio quedó terminado, en los siguientes años no logró consolidar un programa estable y continuado de actividad científica, lo que provocó que quedara infrautilizado desde su finalización.

Este caso se integra en el diagnóstico general de la Memoria Anual 2025 del Tribunal de Cuentas, que destacó la escasa utilización de este centro: «En el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación no se han aprobado los programas anuales de optimización del uso de edificios y en dos de sus organismos adscritos se han observado ineficiencias en relación con cuatro inmuebles que después de muchos años siguen sin solventarse».

A lo largo del tiempo, la falta de actividad continuada derivó en un deterioro físico del inmueble, con múltiples robos y desperfectos. Tal como detalla el análisis sobre la concesión administrativa y reformas acometidas por el CSIC para la creación del centro –publicado en el BOE del 21 de abril de 2026 y revisado por El Debate–, los inicios de los primeros expolios datan del año 2015, cuando el vigilante de unas instalaciones anexas comunicó al CSIC la existencia de daños en el edificio.

Fue en este momento cuando el centro científico solicitó a la Comunidad de Madrid la renuncia voluntaria de la concesión, argumentando restricciones presupuestarias que impedían la utilidad prevista del edificio, sin haber encontrado otra posible ocupación.

Esta tendencia se fue repitiendo hasta la actualidad. De hecho, al cierre de los últimos trabajos de fiscalización el CSIC no ha hecho aún efectiva la devolución de los terrenos y el edificio, que se mantienen en el mismo estado que se encontraban a fecha de finalización del contrato en 2023. En resumidas cuentas, a pesar de que dicha concesión ha finalizado, la devolución efectiva sigue bloqueada por el mal estado del edificio y los daños acumulados.

Por ello, la ausencia de un uso regular y de vigilancia suficiente favoreció episodios de abandono material, con daños acumulados y actos de robos y vandalismo por valor de, al menos, 2.356.000 euros según la valoración del CSIC. Esto incrementó el coste global del proyecto más allá de la inversión inicial, elevando el impacto total a cifras superiores a los siete millones de euros.