Hazte Oír reclama 30.000 € a Sarah Santaolalla por llamar «delincuentes» a sus integrantes

La asociación Hazte Oír ha iniciado acciones legales contra la politóloga y analista Sarah Pérez Santaolalla tras unas declaraciones en televisión en las que los calificó de «auténticos delincuentes». La organización considera que esas afirmaciones lesionan su honor y reclama una rectificación pública y una indemnización de 30.000 euros.

Según la documentación judicial aportada por la asociación, los hechos se remontan al 11 de febrero de 2025, durante una tertulia televisiva en el programa En boca de todos de Cuatro. En ese espacio, Santaolalla describió a Hazte Oír como una «asociación ultraderechista» cuyos integrantes serían «auténticos delincuentes» y «peligrosos», sugiriendo incluso que podrían acosar al fiscal general del Estado en su domicilio.

La asociación sostiene que tales afirmaciones son «objetivamente falsas, insultantes y calumniosas» y que dañan su reputación, ya que asegura no tener causas penales abiertas ni condenas. Además, asegura que Hazte Oír «no está integrada por delincuentes, pues la asociación no tiene ninguna causa penal abierta en su contra y tampoco ha sido nunca condenada por delito alguno».

En el programa de Cuatro, la analista también dijo que «estos son los mismos que te hacen una manifestación a la puerta del juzgado llamándote criminal, sanguinario», cuando Hazte Oír no ha organizado manifestación ninguna a la puerta de los juzgados en que se llamara sanguinario a nadie.

«Todo ello sin emplear la mínima diligencia en la averiguación de lo que se expresa, en tanto que Hazte Oír ni siquiera es a día de hoy parte del procedimiento contra el fiscal general del Estado, siendo una asociación debidamente inscrita y sin haber sido condenada por delito alguno», condena la asociación.

Un documento emitido por el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca el 17 de febrero de 2026 refleja que la citación a Santaolalla para el acto de conciliación resultó negativa, es decir, no pudo practicarse. La diligencia ordena trasladar esa circunstancia a la parte solicitante —Hazte Oír— para que manifieste lo que estime oportuno.

En su escrito, Hazte Oír exige tres medidas principales: que Santaolalla reconozca la falsedad de sus declaraciones en un espacio de audiencia similar al del programa, que se retire el vídeo en el que se produjeron y el pago de 30.000 euros por daños reputacionales.

La organización argumenta que la libertad de expresión no ampara el «derecho al insulto», citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que delimita ese derecho cuando se emplean expresiones vejatorias.