Santi Vila y Lluis Puig pueden ser detenidos por no devolver los bienes del Monasterio de Sijena

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha abierto la posibilidad a la Fiscalía y a la acusación popular de solicitar la detención del exconseller catalán de Cultura Lluis Puig, si consideran «imprescindible» su presencia en el juicio contra este y su antecesor en el cargo, Santi Vila, por su negativa a devolver los bienes del Monasterio de Sijena.

El magistrado ha descartado la posibilidad planteada por la Fiscalía de Bélgica para que el exconseller declare por videoconferencia con el apoyo de un juez de instrucción o de la policía de dicho país, en el que se encuentra huido.

En este sentido, el juez de lo Penal número 1 de Huesca considera que «no procede» la presencia de un instructor belga al no estar la causa en fase de instrucción, «ni mucho menos de la policía para su toma de declaración».

No hay impedimento físico

Además, el magistrado cree que no existe «impedimento físico ni jurídico» para la presencia de Puig en la vista oral, señalada para el próximo 4 de mayo, pero agrega que, dada la pena solicitada por las acusaciones, ninguna de prisión efectiva, puede celebrarse sin su presencia, «salvo que el ministerio fiscal o las acusaciones consideren imprescindible su presencia, en cuyo caso se podrá acordar su detención y conducción a presencia judicial».

En respuesta a este escrito, el representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el letrado Jorge Español, se ha mostrado partidario de la detención del acusado. «a los efectos que no pueda alegarse indefensión alguna por su parte, pues es obvio que este señor ni tiene intención de asistir al juicio ni lo va a hacer».

Una ausencia que este letrado relaciona con la situación de Puig como «prófugo» de la Justicia española y que, a su juicio, exige su detención para asegurar su presencia en el juicio, y para evitar un recurso ante los tribunales europeos por violación de sus derechos.

Bélgica no ordena su detención

Considera, además, que aunque la Fiscalía belga «quisiera» cumplir la orden de detención, existe un «escollo muy grande» para su ejecución: la existencia de unos jueces de origen flamenco que «si hasta ahora no han entregado al señor Puig a España, difícil será que por este asunto ordenen su detención y entrega».

Además, pide al juez que solicite a la Fiscalía belga una «opinión razonada» sobre la posibilidad de que se cumpliese por parte de Bélgica dicha orden de detención para asistir al juicio.

La fiscalía de Huesca, a la espera de conocer su decisión a este respecto, reclamó hace unas semanas que Lluis Puig declarara presencialmente en el juicio previsto contra él y su antecesor, tras ver rechazada inicialmente esta petición por el juez encargado de enjuiciar el caso.

En su recurso, el fiscal descartaba la existencia de razones de «utilidad, seguridad o de orden público» que justificaran la toma de declaración a Puig como acusado de forma telemática, «más allá de que se encuentra encausado y en rebeldía, con causa pendiente en el Supremo y con órdenes de detención y entrega cuya vigencia ha confirmado el Tribunal Constitucional».

El ministerio fiscal solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante once meses y la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena eleva la petición a 300 euros diarios.