Pablo de Lora: «Los parlamentarios nos conciben como habitantes de una guardería»

Ha impartido clases en la Universidad de Nueva York, en Berkeley, Oxford y Harvard. Ha escrito docenas de artículos académicos y colaboraciones en obras colectivas, y varios libros sobre derechos, democracia, ética, bioética e interpretación constitucional. En esta ocasión, Deusto le acaba de editar Los derechos en broma, título que alude a un ensayo de Ronald Dworkin publicado 1977: Taking right serious.

Es Pablo de Lora, y la lectura de Los derechos en broma da para mucha conversación, como la actual mezcolanza entre ética, dogmatismo y leyes –la falta de distinción entre «delito y pecado»–, o acerca de la «inflación de derechos» y del cariz demagógico e ideológico que está adquiriendo una legislación cada vez más profusa e invasiva.

–No necesariamente lo uno llevaba a lo otro. Es verdad que, desde hace mucho tiempo, antes de que yo siquiera hubiera nacido, muchos juristas y sociólogos y politólogos alertan sobre lo que se ha llamado la «legislación motorizada». Es la consecuencia de un Estado que interviene en todos los rincones de la vida pública y también privada. La segunda cifra sí da cuenta de un cambio cualitativo, no de naturaleza, sino de grado. El abuso del decreto ley no es una novedad de los últimos gobiernos, pero sí se ha exacerbado y es un síntoma de la querencia que tiene el Poder Ejecutivo de dibujar una situación de excepcionalidad; no sólo aprovecharla, sino, en alguna medida, diseñarla. En los últimos tiempos, el Gobierno, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso, cuando habla del Plan Legislativo a un año vista, ya anuncia los decretos leyes que va a promulgar, lo cual es la más flagrante constatación de que el requisito de la extraordinaria, urgente necesidad –que es lo que justifica la posibilidad del decreto de acuerdo con la Constitución–, sencillamente, se ha tirado por la borda. Es grotesco.

–Sí, algo de esto hay en esa legislación que yo llamo en el libro «santimonia», que tampoco es un fenómeno nuevo. Se ha exacerbado toda la legislación simbólica, expresiva, que sólo exhibe virtud por parte del poder público. De modo que, por un lado, tenemos todas esas leyes integrales, llenas de píos y buenos deseos. En este caso no es una ley, sino un decreto muy reciente de eso que llaman los administrativistas «los ajustes razonables» para las personas con discapacidad. Es un decreto muy prolijo donde no queda títere con cabeza en todas las medidas que se tienen que adoptar para cualesquiera discapacidades. Lo importante del decreto está en la disposición adicional primera, donde se dice que, por supuesto, nada de todo lo anterior comprometerá en absoluto el presupuesto público. Si en los últimos párrafos de una noticia es donde está la verdad, aquí pasa igual con las disposiciones adicionales.

–Es lo que llamo el Estado parvulario. Es un poder público y una pléyade de partidos políticos que con demasiada frecuencia nos tratan como niños. Félix Ovejero lo acostumbra a denominar «la lógica de Juncker», por aquello que dijo este representante de la Unión Europea en plena crisis de 2008: «Sabemos lo que hay que hacer en términos de política económica, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones». Los parlamentarios nos conciben como habitantes de una guardería, una escuela infantil. Pero, a la hora de la verdad, nos chocamos con el principio de realidad. Y, en respuesta al asunto que usted comentaba del sufragio de las personas con discapacidad, se nos dice ahora que no hay justificación para que ningún ser humano pueda ser incapacitado judicialmente de manera absoluta. Hemos desplazado completamente la figura de la tutela, y ahora sólo nos vale la curatela, porque vamos a intentar por todos los medios dar los apoyos necesarios para que esa persona despliegue su autonomía. Sin darnos cuenta de que, en muchas ocasiones, no hay apoyo en este mundo para que una persona como la que menciono en el libro ni vote, ni pueda estar en una mesa electoral. Porque es una persona con una discapacidad cognitiva y motora severísimas. Por cierto, esa reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que permitió a todas las personas con incapacidades judiciales votar, no tuvo ni una abstención. Tuvo 350 votos a favor. Hay pocas leyes en España que se han aprobado con semejante consenso.

–No es incompatible. No todos los parlamentarios son cínicos. Algunos honestamente creen que eso es posible. No sé cuál es exactamente el mecanismo que los lleva a creer eso, pero me parece que son honestos. Otros, sencillamente, no se lo pueden permitir. Tú no te puedes permitir votar en contra de una ley que, por fin, va a acabar con una «discriminación» injusta hacia las personas discapacitadas. Es de nuevo la lógica de Juncker. Desde luego, las próximas elecciones no las ganas.

–«Alivio penal», dicen. Por un lado, la amnistía no cabe en la Constitución; su constitucionalidad me parece harto dudosa. Pero en el fondo la discusión no es esa. La posibilidad de que el Parlamento, mediante una ley orgánica –suponemos–, dictamine que determinados hechos, para determinadas personas concretas en un ámbito temporal determinado, no cuenten como delitos, sin que eso implique derogar [su penalización], es dudosísimamente compatible con el principio de igualdad. No sé si tanto con la separación de poderes. Ahí tengo más dudas. Con el principio de igualdad me parece evidente. Si estuviéramos en un escenario de cambio de régimen, o sea, si estuviéramos en 1977, saliendo de una dictadura, cerrando una guerra civil, contando casi con el consenso… Porque lo que entonces era el Partido Popular de hoy –Alianza Popular– no se opuso a la ley de Amnistía del 77; se abstuvo. Esa ley incluía los actos de terrorismo cometidos hasta el 15 de junio del 77. Y, por supuesto, el principio de igualdad estaba afectado, no hay duda. No todos los terroristas en ese mismo ámbito temporal se beneficiaron de la Ley de Amnistía, que tenía un objetivo de amnistiar clarísimamente a los terroristas de ETA. Pero hoy, aquellas condiciones que justificarían lo que en el fondo supone esta afrenta a la igualdad no se dan. En este caso no estamos ante un cambio de régimen, ¿o sí? A lo mejor es que estamos ante un cambio de régimen, aunque, desde luego, esto no está explicitado, y se va a hacer contra una parte probablemente mayoritaria de la sociedad española. No es la medida de gracia del indulto, que supone haber pasado por un proceso, haber sido condenados. Estamos hablando de que, como se necesitan siete votos, entonces voy a no tener en cuenta las posibles malversaciones y otros delitos que ha cometido un individuo concreto. Esto es éticamente inaceptable y constitucionalmente.

–Se llama populismo. Populismo de derechas, populismo de izquierdas, pero al final es populismo. Aquello de la política sosegada, la estabilidad… no son valores que cotizan al alza. Hay una especie de repentización continua. Se ha instalado la creencia de que estamos en un momento de excepcionalidad que, paradójicamente, es permanente. Vivimos una permanente excepcionalidad. Es verdad que nos ha pasado algo inaudito, como el covid, y hay una guerra en Europa, pero esto venía de antes.