Más de cien demandados, entre periodistas, editores, universidades y partidos políticos han sido acusados de vulnerar el honor de Antonio Luis Baena Tocón. Su hijo José Francisco Baena se propone sentar en el banquillo a todos los que se hicieron eco de los estudios del catedrático de la Universidad de Alicante, Antonio Ríos Carratalá, donde aparecía el nombre de Baena como «cooperador necesario» en la condena al poeta Miguel Hernández en 1939. Entre 100.000 y 400.000 euros de indemnización por demandado para un total de 11 millones y medio por la «intromisión ilegítima en el honor, así como en la intimidad personal y familiar» de su padre.
Algunos de los más conocidos demandados son Soledad Gallego, Antonio García Ferreras, Pedro J. Ramírez o Cristina Ónega, quienes publicaron informaciones basadas en el estudio de Ríos Carratalá. El Instituto de la Cultura democrática, el Aula de historia y memoria democrática de la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, Izquierda Unida o UGT también tuvieron ayer a sus abogados representándoles en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se ha presentado la demanda, y que se ha visto sobrepasada por la profusión de demandados, causas y abogados. Este martes han comenzado a presentarse las excepciones procesales dentro del primer día de Audiencia Previa.
La mayoría de los abogados se inclina por evitar la vista oral, sin embargo, según informa el Diario de Sevilla, el principal encausado, Ríos Carratalá, ha mostrado su interés en que se llegue a esa vista para poder defender sus argumentos e incluso su disposición a rectificar su estudio siempre que se le muestren fuentes fidedignas. Ríos Carratalá publicó Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, y en el artículo El caso Diego San José, la sombra de Miguel Hernández y el juez humorista donde Antonio Luis Baena Tocón aparece como secretario del Juzgado Militar de Prensa entre 1939 y 1940 y, por tanto, como instructor del caso en el consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández.
Según el demandante, autor del blog Antonio Luis Baena Tocón, el hombre que NO condenó a Miguel Hernández, su padre se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio, no era cargo público y sus funciones eran las de secretario judicial, que no suponían una participación activa en los consejos de guerra. El demandante solicitó a la Universidad de Alicante que desapareciese el nombre de su padre por no ser una 'figura pública'. Solicitud que la institución aceptó cambiando el nombre por las iniciales, decisión que recurrió el catedrático. También José Francisco Baena pidió a Google la protección del derecho al olvido de su padre y que suprimiese dieciséis enlaces que contienen información sobre él, en esta ocasión sin éxito. En los próximos días se sabrá el próximo recorrido del caso que muchos de los abogados defensores han calificado de «disparatado».
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