Urtasun ya tiene su poder el informe con el que justificará la eliminación de la Fundación Franco

El Ministerio de Cultura ya dispone del informe elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que servirá de base para iniciar el procedimiento judicial de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), al considerar que incurre en «apología del franquismo» y en «menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas» de la dictadura.

Así lo ha detallado el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida al diputado de Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, quien había solicitado información adicional tras las declaraciones del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Congreso, informó Europa Press.

En marzo, Torres había adelantado que su departamento trabajaba en armar un expediente sólido ante los posibles «vericuetos legales» que pudiera emplear la fundación, que modificó sus estatutos el año pasado.

En aquel momento, también señaló que la Abogacía del Estado ya había concluido su informe y que este sería remitido de inmediato al Ministerio de Cultura.

Conforme a lo previsto por la Ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo abrió en junio del año pasado un periodo de actuaciones previas para recabar información y fundamentar legalmente la extinción de la entidad.

El Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado de Fundaciones –órgano competente para instar judicialmente el cierre de una fundación–, solicitó entonces informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Una vez obtenida la documentación pertinente, el Gobierno planea abrir formalmente el procedimiento, notificando a la fundación el inicio del expediente y concediéndole un plazo para presentar alegaciones. Además, está previsto recabar un dictamen de la Abogacía General del Estado.

El informe ya en poder del departamento que dirige Ernest Urtasun concluye que existen causas legales suficientes para solicitar la disolución de la FNFF. Según ese documento, se ha verificado que la fundación no cumple con el requisito de perseguir fines de interés general y, por el contrario, desarrolla actividades contrarias a ese principio, en los términos contemplados en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, tras analizar documentación jurídica e histórica, así como testimonios diversos, constata que la entidad «no sólo hace apología del franquismo», sino que además «ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes e incurre en menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».

Igualmente, el texto advierte de la «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

En consecuencia, el Ejecutivo considera procedente solicitar también la suspensión provisional de las actividades de la fundación mientras se tramita el proceso judicial, pudiendo instar «medidas cautelares que se consideren necesarias para garantizar la eficacia de dicha suspensión» hasta que se dicte sentencia.

Con este paso, el Gobierno da continuidad al compromiso expresado por Torres de que todo el proceso de extinción de la fundación podría quedar resuelto a lo largo del presente ejercicio.