El Gobierno pone a la Fundación Franco más cerca del precipicio, pero el empujón final lo decidirá un juez

El recorrido ha sido largo. Para los despeñadores y los (ya se verá) despeñados. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere empujar a la Fundación Francisco Franco, en cumplimiento de su propia ley (la del Ejecutivo) de Memoria Democrática, al precipicio, en un proceso que vuelve a la actualidad se diría que a placer: el llamado «francomodín».

La situación no ha cambiado demasiado desde que hace un año El Debate entrevistó al presidente de la Fundación, el general retirado Juan Chicharro Ortega. Entonces todo el Congreso (menos Vox) votó a favor de la proposición de ley del PSOE (de reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación) para ilegalizar el patronato.

Era el primer empellón, cuando se inició el arrastre del «monstruo», desde su señalamiento en 2022, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El viernes el Ministerio de Cultura envió a la Fundación el «acuerdo de inicio de procedimiento de extinción» (una frase tan larga e incierta como el propio proceso y sus motivaciones), el paso anterior a que se envíe el mismo acuerdo al juez para continuar con el proceso.

Los motivos para pedir la extinción se basan en el incumplimiento de los preceptos de la referida Ley de Memoria: por no perseguir «fines de interés general», hacer «apología del franquismo» y humillar «la dignidad de las víctimas», según el reglamento de fundaciones.

El propio Ministerio califica el proceso de «novedoso», el adjetivo que refleja, además de una realidad, la incertidumbre del resultado final que ahora sale del ámbito político para adentrarse en el judicial. Una circunstancia que ya advirtió el presidente de la Fundación, el general retirado Juan Chicharro.

La proposición de ley, según Chicharro, no solo afecta a la Fundación Franco, sino que «se van a cercenar derechos fundamentales de personas a las cuales se les va a privar de su libertad de opinión, de expresión o de pensamiento que está en el capítulo segundo de la Constitución. ¿Todo eso cómo lo van a solventar? Es muy difícil y lo saben», afirmó el general. Una circunstancia de la que han avisado los letrados del Senado.

Queda batalla tras el informe. Al «comodín Franco» ya se refirió: «El que se saca cuando se quiere hablar de otras cosas». Una confrontación en los tribunales para la que la Fundación lleva años preparándose, incluso también para el caso de que la Fundación sea disuelta con la digitalización de todo el archivo histórico que, dicen, enviarán a todo el mundo: «Son 33.000 documentos. 300.000 páginas que quieren que desaparezcan, pero no van a lograrlo».

No reconocen el menosprecio ni la humillación a las víctimas a la que se refiere el informe del Gobierno, «el quid de la cuestión, que trae de cabeza al Gobierno»: el haberse acogido a la Ley de Memoria Democrática basándose en un informe del Consejo General del Poder Judicial «cuando se estaba desarrollando esta ley», por el que no existe apología del franquismo si no concurre menosprecio o humillación a las víctimas.

Tampoco reconocen que no exista «interés general» para su existencia, como afirma el informe que tácitamente sí reconoce «interés general» de otras fundaciones con nombres como Largo Caballero, Juan Negrín, Dolores Ibárruri, Indalecio Prieto o Sabino Arana, para las que el Gobierno no ha planteado ninguna proposición de disolución o prohibición.