La Fundación Franco pide más tiempo para estudiar el expediente de su extinción ante su «especial complejidad»

La Fundación Nacional Francisco Franco ha solicitado al Ministerio de Cultura una prórroga del plazo para presentar alegaciones dentro del procedimiento judicial que podría derivar en su extinción, amparándose en la «especial complejidad del expediente» y la relevancia constitucional de los derechos y libertades que considera en juego.

El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Cultura notificó formalmente a la fundación el inicio de dicho procedimiento, otorgándole un plazo de diez días hábiles para responder, computados a partir del siguiente día a la notificación.

En respuesta, la entidad presentó el 7 de noviembre un escrito —al que ha tenido acceso Efe— en el que reclama una ampliación del plazo por otros diez días hábiles adicionales, al considerar insuficiente el tiempo inicialmente fijado para elaborar una defensa adecuada.

En el escrito, la fundación argumenta que tanto la resolución ministerial, compuesta por 37 páginas, como la abundante documentación anexa hacen «materialmente imposible» formular alegaciones completas y fundadas en un plazo tan reducido. Esta circunstancia, añade, obstaculiza el ejercicio pleno del derecho de defensa.

Asimismo, la Fundación subraya que la resolución ministerial es resultado de un acuerdo adoptado por Cultura hace más de un año, concretamente el 20 de junio de 2024, lo que, a su juicio, demuestra que se trata de un procedimiento «de largo recorrido» que ha implicado la recopilación de una extensa base documental y jurídica por parte del Ministerio, con múltiples antecedentes administrativos.

Tal volumen, indica la fundación, exige un análisis detenido y, por tanto, un plazo razonable para formular alegaciones con la debida solvencia.

En este sentido, recalca que no solo está en juego su derecho a la defensa, sino también derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución. Entre ellos, menciona expresamente la libertad ideológica, la libertad de expresión y de opinión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de cátedra, así como la libertad de acción de las fundaciones en el ejercicio de sus fines.

La solicitud de prórroga se enmarca, por tanto, en una estrategia jurídica que busca garantizar un procedimiento equitativo. La fundación insiste en que solo con un tiempo adecuado podrá responder con el rigor necesario a las alegaciones vertidas en su contra.

Por su parte, el Ministerio de Cultura argumenta en su resolución que la Fundación Francisco Franco, lejos de perseguir fines de interés general —condición indispensable para el funcionamiento de toda fundación—, se dedica a enaltecer la figura de Francisco Franco y a hacer apología del franquismo, lo que, según el departamento, supone una ofensa a las víctimas de la dictadura.

En consecuencia, el Ministerio sostiene que su actividad no se ajusta a los principios que deben regir a las entidades fundacionales en una sociedad democrática. A este respecto, el Gobierno ha recurrido a la vía judicial para instar su disolución, al considerar que incurre en un incumplimiento grave y reiterado de la Ley de Fundaciones.

La decisión de solicitar la ampliación del plazo por parte de la Fundación Francisco Franco se produce en un contexto marcado por un creciente debate sobre la memoria histórica, los límites de la libertad de expresión y la legalidad de entidades que reivindican públicamente figuras o regímenes totalitarios.

Queda por ver si el Ministerio de Cultura accederá a la solicitud de la fundación o si insistirá en mantener los plazos fijados en la notificación original.