El intento de prohibir el acceso de los menores a las corridas de toros sería claramente inconstitucional

Casi todos los días escucho decir a alguien que él ya ha decidido no seguir la actualidad política porque no quiere amargarse la vida. La contumacia de Pedro Sánchez y sus aliados ha sido mayor que su resistencia. Supongo que esa persona se limitará a leer algunos titulares en el móvil, a escuchar algunas noticias en la radio o en la televisión: el tiempo, la salud, los resultados deportivos… Así estamos.

Mucha gente está harta de Puigdemont y los independentistas catalanes, de las inacabables exigencias de los independentistas vascos. Si tienen algo de confianza, te dirán que por qué no les damos todo lo que nos piden para que se vayan y nos dejen en paz… Así estamos.

Por terribles que sean la amnistía o los dislates jurídicos, quizá esa gente se resigna a que así es la política… Si escuchan hablar de escándalos, te dirán que eso ha pasado siempre…

Pero, por mucho que quieran cerrar los ojos, el caos de los trenes les ha herido de verdad: ha habido muertos inocentes y piensan que podrían haber sido ellos. Además, es raro que ese caos no les haya afectado ya a ellos, o a alguien de su familia, o a sus amigos; en la Alta Velocidad, en la media o en las líneas de cercanías: los retrasos, las cancelaciones, el deterioro generalizado…

Por mucha propaganda que haga el gobierno, parece imposible negar una realidad que tantos hemos vivido. La única solución es la bien conocida estrategia de las cortinas de humo, para que la gente hable de otras cosas.

Una vez más, se ha recurrido al viejísimo intento de prohibir la entrada de los menores de edad a los espectáculos taurinos. Así, el gobierno da algo de satisfacción a la izquierda radical, su aliada, a la que necesita para seguir en el poder, y cuyas quiméricas ocurrencias económicas no siempre puede apoyar. A la vez, la apelación al sufrimiento de los niños añade una envoltura buenista, sensiblera, que a algunos agradará.

No importa que se haya declarado por ley que la Tauromaquia forma parte del patrimonio cultural inmaterial español (una ley que también Urtasun y sus colegas quieren derogar).

No importa que el Tribunal Constitucional haya declarado tajantemente que «la Tauromaquia es una manifestación cultural presente en la sociedad española».

No importa que esa prohibición atente contra la libertad educadora de las familias y contra la cultura española.

No importa que nunca se haya demostrado que la asistencia a un espectáculo taurino perjudique psicológicamente a los menores.

No importa que los menores estén familiarizados, en la televisión, con espectáculos mucho más violentos.

No importa que la Tauromaquia transmita valores éticos muy valiosos: coraje, esfuerzo, disciplina, respeto, saber estar cada uno en su sitio…

No importa que ese intento suponga un ataque a un sector económico legítimo y respetable.

No importa que ese ataque a la Fiesta nacional implique rendirse a un animalismo radical, que conduce a conclusiones absurdas. Por ejemplo, proclamar que un cordero, un ternero y un bebé son «todos iguales, con los mismos derechos» (lo ha atestiguado François Zumbiehl). O, para evitar el sufrimiento de los animales, proponer que los filetes se consigan por fecundación «in vitro», a partir de células madre (Jesús Mosterín). Y defender que los seres humanos no tengamos más hijos, para que se extinga nuestra especie y vivan los animales en un mundo feliz (Singer).

Podría seguir aportando argumentos culturales contra el anuncio del Gobierno pero el decisivo y clarísimo es estrictamente jurídico: la regulación de los espectáculos públicos es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas.

Así lo proclamó el Tribunal Constitucional, al anular la norma catalana que prohibía los toros. Su jurisprudencia establece de manera inequívoca que la competencia para determinar las condiciones de asistencia y/o participación en espectáculos taurinos corresponde a las Comunidades Autónomas.

Lo afirma así la sentencia del Tribunal Constitucional 177/2016 del 20 de octubre, en su fundamento jurídico 7º:

«Ello no significa que la Comunidad no pueda, en ejercicio de sus competencias sobre ordenación de espectáculos públicos, regular el desarrollo de los espectáculos taurinos – como, de hecho, ya resolvió la Comunidad Autónoma en una Ley previa…».

A partir de esto, han publicado sus normas para regular los requisitos de asistencia a los espectáculos taurinos –que yo sepa– las Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Castilla- León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, la Rioja, Madrid, Navarra y Valencia.

La conclusión es evidente: una ley estatal sobre esta materia invadiría competencias autonómicas, sería claramente inconstitucional. Si llegara a promulgarse, las Comunidades Autónomas la recurrirían con la seguridad de ganar.

¿No conocen los juristas del PSOE algo que cualquier modesto aficionado a los toros, como yo, encuentra sin mucha dificultad? Parece mentira… o no, visto lo que vemos a diario.

Todo ello puede ser un error jurídico garrafal. O, simplemente, una cortina de humo para distraer la atención de otros gravísimos problemas pendientes; en términos taurinos, un brindis al sol. Así estamos…