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El Debate de las Ideas

La compleja compatibilidad entre catolicismo y liberalismo: una distinción necesaria

Este debate no es nuevo: tiene raíces en el siglo XIX, con las tensiones entre la Iglesia y los regímenes liberales

Uno de los debates más persistentes y apasionados en el pensamiento político contemporáneo, especialmente en el mundo hispano y católico, gira en torno a la compatibilidad entre el catolicismo y el liberalismo. Este debate no es nuevo: tiene raíces en el siglo XIX, con las tensiones entre la Iglesia y los regímenes liberales, y se reactiva periódicamente en foros académicos, eclesiales y culturales. Sin embargo, terciar en esta polémica presenta una dificultad inicial considerable: no existe un acuerdo previo sobre qué se entiende exactamente por «liberalismo». Sin esta clarificación conceptual, el diálogo se vuelve estéril, pues se comparan realidades distintas y se generan malentendidos profundos.

Liberalismo como doctrina completa versus teoría política

El término «liberalismo» abarca dos realidades muy diferentes que conviene distinguir con precisión. Por un lado, puede entenderse como una doctrina filosófica o metafísica integral, que incluye una epistemología, una antropología, una ética y hasta una visión de la historia y la sociedad. Por otro, como una teoría política e institucional más modesta y pragmática, centrada en principios operativos como el gobierno limitado, el imperio de la ley (rule of law), la separación de poderes, la democracia representativa, la protección de derechos individuales y la economía de mercado.

Esta distinción resulta decisiva. No todos los que defienden instituciones liberales suscriben la cosmovisión filosófica liberal en su versión más radical, y viceversa. Ignorar esta diferencia genera confusiones frecuentes.

El liberalismo metafísico o filosófico: una compatibilidad problemática

Cuando el liberalismo se presenta como una doctrina completa de la realidad, su compatibilidad con el catolicismo se vuelve altamente problemática, por no decir imposible en varios puntos centrales.

En primer lugar, el liberalismo filosófico suele reducir la razón a una razón instrumental de corte empirista o utilitarista. La razón ya no se considera capaz de conocer la naturaleza profunda de las cosas (metafísica) ni un orden moral objetivo universal. En su lugar, predomina un escepticismo epistemológico: la verdad moral sería subjetiva o convencional, resultado de acuerdos individuales o sociales. Esto choca directamente con la tradición católica, que afirma la capacidad de la razón humana para conocer verdades metafísicas y morales ciertas mediante la ley natural.

En segundo lugar, su antropología tiende hacia un individualismo radical. El hombre aparece primariamente como un individuo autónomo, cuyas relaciones sociales son secundarias o incluso artificiales. Esta visión contrasta con la antropología católica, profundamente arraigada en Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino y la Escolástica: el ser humano es animal sociale et politicum por naturaleza, orientado al bien común y a la comunión.

En tercer lugar, el liberalismo metafísico suele rechazar o debilitar la idea de un orden moral objetivo cognoscible por la razón. El bien y el mal se reducen a preferencias subjetivas o a cálculos de utilidad. Como consecuencia, se abre paso al relativismo ético, al subjetivismo y, en última instancia, a una neutralidad estatal que, en la práctica, suele volverse hostil hacia la presencia pública de la religión. Estos presupuestos resultan difícilmente conciliables con la fe católica, que sostiene la existencia de un orden moral objetivo, grabado en el corazón del hombre, y la orientación teleológica de la persona hacia la verdad, el bien y Dios.

El liberalismo político: ámbitos de compatibilidad y diferencias fundamentales

Cuando el liberalismo se limita a ser una teoría política que propone mecanismos institucionales concretos para limitar el poder, proteger derechos y organizar la convivencia pacífica, el panorama cambia notablemente. Muchos de sus principios prácticos resultan compatibles con la tradición católica, en particular con la desarrollada por la Escuela de Salamanca durante los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, incluso en este plano político-institucional, persisten diferencias antropológicas de fondo que no son menores y que tienen consecuencias relevantes:

Para el catolicismo, el hombre es un ser naturalmente sociable. La sociedad política no es un mero artificio, sino algo natural, de tal manera que la vida social y política tiene carácter perfectivo. La política tiene como fin ayudar al hombre a realizar su vocación integral, a alcanzar la virtud y el bien común. La autoridad política es, por tanto, un bien natural querido por Dios para el florecimiento humano integral.

En cambio, en ciertas versiones del liberalismo (especialmente en Thomas Hobbes, y en menor medida en algunas lecturas de John Locke), la sociedad aparece como un artificio humano creado para evitar males mayores: el conflicto, la guerra de todos contra todos o la inseguridad en el disfrute de los derechos individuales. La autoridad política se percibe más como un mal menor necesario para garantizar la coexistencia pacífica y minimizar la coerción que como un bien positivo orientado a la perfección integral del hombre.

Esta divergencia explica posturas distintas ante cuestiones como el alcance de la acción estatal, la educación, la moral pública, la subsidiariedad o los límites de la neutralidad del Estado. Mientras que el catolicismo puede aceptar un Estado limitado, nunca lo concibe como moralmente neutro: el poder debe orientarse al bien común verdadero.

El aporte insustituible de la Escuela de Salamanca

Aquí es donde la tradición salmantina adquiere un valor excepcional. Figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina y Francisco Suárez ofrecen una fundamentación católica y realista para muchos principios que luego serían bandera del liberalismo político.

En su Relección sobre el poder civil Vitoria señaló expresamente que a la comunidad política «compete gobernarse y administrarse a sí misma y dirigir todos sus poderes al bien común», así como que «está obligada a no encomendar el poder sino a quien lo ejerza y use con justicia, de lo contrario se pone a sí misma en peligro».

Por su parte, en su Relección sobre los indios, considerando que los indígenas americanos eran «verdaderos dueños tanto pública como privadamente», defendió la dignidad y los derechos naturales de todos los pueblos, rechazando la esclavitud natural y sentando las bases del moderno Derecho Internacional.

Suárez, en obras como De Legibus ac Deo Legislatore (1612) y Defensio Fidei (1613), desarrolló una sofisticada teoría del poder político: este reside originariamente en la comunidad (potestas populi), se transmite por consentimiento (pactum translationis) y debe ejercerse para el bien común. El gobernante es administrador, no propietario del poder, de modo que si se convierte en tirano, pierde su legitimidad y puede ser resistido.

Para la Escuela de Salamanca, corresponde al Derecho y a la autoridad política asegurar el bien común. En sintonía con la tradición clásica, la función primordial del Derecho es la adecuada ordenación de la vida social, de manera que corresponde a la ley proteger la vida y la salud, promover y tutelar instituciones socialmente valiosas como el matrimonio, al igual que hacer posible un orden económico justo, garantizar el acceso de todos a determinados bienes públicos, así como cuidar el desarrollo una cultura orientada a la búsqueda de la verdad y de la amistad cívica.

Pero la ley, además de esta orientación al bien común, debía satisfacer otros criterios, que en cierto modo son antecedentes de lo que hoy conocemos como principio de legalidad: debía ser promulgada por la autoridad a la que la comunidad había reconocido esa potestad, debía ser clara, coherente, estable y proporcionar certeza y seguridad jurídicas, obligando no sólo a los súbditos, sino también a los príncipes y reyes.

En definitiva, los autores de la escolástica salmantina defendieron la necesidad de un gobierno limitado y sometido al Derecho y a la Justicia, los derechos naturales (vida, libertad, propiedad), formas de organización económica basadas en la iniciativa personal, el libre intercambio y la teoría subjetiva del valor (anticipando algunos elementos de la Escuela Austriaca), o la distinción entre poder temporal y espiritual, señalando límites claros a ambos. Al mismo tiempo, criticaron determinados excesos del poder, como la cesión ante los monopolios, las manipulaciones monetarias y los excesos fiscales.

Estas ideas no surgieron en un vacío: ancladas en las categorías del Derecho romano y la filosofía de santo Tomás, respondían a los desafíos del descubrimiento de América, la expansión de la Monarquía Hispánica y la Reforma Protestante. Lejos de ser un «protocapitalismo» secular, constituían un iusnaturalismo católico orientado al bien común y a la dignidad de la persona creada a imagen de Dios.

Matices, límites y debates contemporáneos

Es importante evitar simplificaciones. La Escuela de Salamanca no era «liberal» en el sentido moderno. Sus autores eran teólogos católicos que subordinaban toda la vida social al orden sobrenatural y a la ley eterna. Defendían una monarquía limitada, no necesariamente una democracia moderna, y nunca separaron la política de la moral cristiana.

El debate sobre la compatibilidad entre catolicismo y liberalismo solo avanza con honestidad intelectual cuando se distingue claramente entre un liberalismo metafísico (difícilmente conciliable con la fe católica) y un liberalismo político-institucional (en el que existen convergencias significativas y fructíferas). La Escuela de Salamanca constituye un referente histórico privilegiado: demuestra que es posible defender un orden de gobierno limitado, derechos naturales, libertad económica y soberanía popular (entendida correctamente) desde fundamentos realistas, tomistas y ortodoxos, sin necesidad de abrazar el individualismo radical, el escepticismo moral o el contractualismo artificialista moderno. En este sentido, proporciona herramientas conceptuales aptas para construir una teoría constitucional que, al tiempo que puede integrar algunos de los aportes institucionales del liberalismo, esté liberada de los riesgos que a esas mismas instituciones plantea una autonomía individual tendencialmente ilimitada.

Para un católico, la cuestión no es si se pueden asumir determinados mecanismos o instituciones de origen liberal, sino si estos se integran coherentemente en una visión integral del hombre y la sociedad iluminada por la razón natural y la Revelación. Esa integración exige discernimiento, prudencia y fidelidad doctrinal. La tradición de la Escolástica española muestra que no solo es posible, sino que ya fue realizada con brillantez hace más de cuatro siglos. Recuperar esa herencia olvidada puede enriquecer tanto el pensamiento católico contemporáneo como el debate político actual, ofreciendo una alternativa sólida a los extremismos tanto del colectivismo como del individualismo libertario radical.

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