Urtasun reivindica la libertad de expresión mientras olvida el descrédito del Gobierno a los medios críticos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comparecido este martes en la Comisión de Cultura del Congreso para defender la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Lo ha hecho apenas una semana después de que el Ministerio presentara una proposición de ley para reformar el Código Penal con el objetivo de eliminar varios delitos relacionados con las denominadas ofensas a instituciones o símbolos del Estado.

La defensa de la libertad de expresión por parte del Gobierno contrasta, sin embargo, con los reiterados ataques del Ejecutivo a medios de comunicación críticos. En los últimos meses, ministros y dirigentes del PSOE han calificado de «pseudomedios» o «máquinas del fango» a determinadas cabeceras tras publicar informaciones sobre el entorno del presidente del Gobierno o sobre casos de presunta corrupción que afectan al partido.

Una estrategia que la oposición y esos medios consideran un intento de desacreditar el periodismo incómodo mientras el Ejecutivo reivindica una mayor protección para determinadas formas de expresión.

«Una democracia madura no puede responder a la crítica, al humor o a la sátira con el Código Penal en la mano. La mejor manera de proteger una democracia no es castigar la discrepancia, sino reforzar la libertad de expresión», ha afirmado Urtasun durante su intervención.

El ministro también ha agradecido a PSOE y Sumar haber impulsado «este paso imprescindible hacia la eliminación de unos tipos penales anacrónicos y anómalos en una democracia como la nuestra» y ha asegurado que ambos partidos han optado por «defender la palabra frente a la censura».

Su «libertad de expresión»

La iniciativa del Ministerio de Cultura plantea eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a España, sus comunidades autónomas y sus símbolos. De salir adelante, expresiones como chistes, canciones, obras artísticas o críticas dirigidas contra el Rey, la religión, la bandera o representantes públicos dejarían de poder castigarse con penas de prisión.

La reforma, no obstante, mantiene intactos delitos como el enaltecimiento del terrorismo, la incitación al odio o la discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual u otras circunstancias protegidas.

El texto ya ha sido registrado en el Congreso y deberá superar su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley. Si finalmente se aprueba, quienes se consideren perjudicados por determinadas expresiones podrán acudir a la vía civil para reclamar una indemnización, pero esas conductas dejarán de ser perseguibles penalmente en los supuestos que elimina la reforma.