La izquierda y su doble rasero: tras acosar a Rajoy desde el Gobierno, asegura que sus humoristas son perseguidos

La detención de Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha enfurecido a buena parte de la izquierda política y mediática. Los mismos sectores que hace apenas unas semanas condenaban el artículo que Mariano Rajoy escribió tras el pase de España a las semifinales del Mundial reivindican hoy la libertad de expresión en el ámbito del humor. Resulta llamativo que quienes consideraron intolerable una frase deliberadamente irónica del expresidente del Gobierno invoquen ahora ese mismo principio cuando el protagonista es uno de los suyos. La libertad de expresión no puede depender del carné ideológico del autor.

El caso de Quequé ha abierto un debate legítimo sobre la proporcionalidad de su detención y sobre los límites de la libertad de expresión. Pero también ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad cada vez más frecuente en el debate público español: la defensa de determinados derechos parece ser selectiva. Se reivindican cuando benefician al propio espacio ideológico y se cuestionan cuando amparan al adversario.

La televisión pública ha sido el escenario de uno de los ejemplos más evidentes. El programa Mañaneros 360 de TVE dedicó parte de su emisión a denunciar una supuesta persecución contra determinados humoristas y comunicadores. El planteamiento es perfectamente defendible. Lo que resulta mucho más discutible es que se presente como un fenómeno exclusivo de una parte del espectro ideológico.

La periodista Rosa Villacastín afirmó que Quequé había pasado la noche en el calabozo por la ejecución de una sentencia que ya había cumplido. Conviene recordar que la polémica judicial se remonta a una condena de 2025 derivada de la demanda presentada por Alfonso Rojo. La sentencia obligaba al humorista a publicar el fallo judicial en sus redes sociales y al pago de una indemnización de 41.000 euros. Héctor de Miguel abonó la cantidad exigida y publicó el mensaje ordenado por el juez, aunque posteriormente lo eliminó. Alfonso Rojo volvió a denunciar los hechos y la defensa del humorista sostiene que nunca ignoró las notificaciones judiciales que habrían motivado su detención.

Es precisamente sobre la proporcionalidad de esa actuación judicial donde cabe el debate. Pero una cosa es discutir si la medida resulta excesiva y otra muy distinta convertir el caso en la prueba definitiva de una conspiración contra la libertad de expresión ejercida únicamente sobre determinados perfiles ideológicos.

Javier Ruiz, pese a ser el presentador, fue más allá al preguntarse reiteradamente si existe «una justicia que no está ciega», «que está tuerta» o que «sólo mira para un lado». También planteó si la detención constituye «un mensaje» o «un aviso a navegantes». Sarah Santaolalla respondió sin titubeos: «Sí a todo lo que has preguntado. Es un aviso a que quien no se muerda la lengua se puede pasar la noche en el talego».

A las críticas se han sumado numerosos humoristas y comunicadores próximos al mismo espacio ideológico. Manu Sánchez Vázquez o Ignatius Farray, entre otros, han denunciado la existencia de una persecución contra quienes hacen humor incómodo y han advertido de que «no se debe ceder» ante los intentos de limitar la libertad de expresión.

La pregunta es inevitable. ¿Se habría empleado el mismo lenguaje si el detenido hubiera sido un comunicador situado en la derecha política? La respuesta la encontramos en la propia hemeroteca reciente. Los mismos tertulianos que hoy denuncian la persecución política no tuvieron inconveniente en ridiculizar y condenar el artículo humorístico firmado por Mariano Rajoy sobre la selección española. La ironía era entonces inadmisible. Hoy, sin embargo, se convierte en un derecho fundamental innegociable.

La doble vara de medir se hizo todavía más evidente cuando Javier Ruiz aludió a «agitadores de ultraderecha» con órdenes de busca y captura que no habían podido ser localizados, en referencia a Vito Quiles. El periodista utilizó el caso para establecer una comparación con la situación de Quequé. Resulta difícil no advertir el diferente tratamiento empleado según quién ocupe el papel de víctima o de señalado.

Algo parecido ocurrió cuando Rosa Villacastín aseguró que España tiene «a un rapero en la cárcel para cumplir cinco años por una canción en la que se metía con la monarquía». La referencia a Pablo Hasél omite, sin embargo, algunos elementos esenciales recogidos en las resoluciones judiciales. Su condena no obedeció exclusivamente a críticas dirigidas a la Corona, sino también a mensajes considerados constitutivos de enaltecimiento del terrorismo e injurias, entre ellos publicaciones de apoyo a ETA y los GRAPO o frases como «no me da pena tu tiro en la nuca, pepero» o «muerte a los Borbones». Reducir el caso a una canción contra la monarquía no sólo simplifica el debate, sino que lo desvirtúa por completo.

El patrón vuelve a repetirse. Cuando el protagonista es un humorista de izquierdas se denuncia una ofensiva contra la libertad de expresión. Cuando se trata de Mariano Rajoy escribiendo un artículo humorístico sobre fútbol se habla de racismo, falta de rigor o irresponsabilidad política. Sarah Santaolalla ha llegado a ironizar con que el exmandatario le parecía «mejor comentarista deportivo que presidente del Gobierno» y le acusó incluso de ser racista con los franceses por el contenido del texto.

La libertad de expresión no puede convertirse en un privilegio ideológico. O se defiende para todos o termina siendo simplemente una herramienta política más. Es perfectamente compatible cuestionar la proporcionalidad de la detención de Héctor de Miguel con exigir el mismo respeto hacia las expresiones humorísticas del adversario político. Lo contrario no es defender la libertad de expresión, sino defender únicamente la propia.

Y quizás ese sea el verdadero debate de fondo. No si existe una persecución contra determinados humoristas, sino si algunos sólo descubren la importancia de las libertades cuando son ellos quienes las necesitan.